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La Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía y las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que determinará presuntas irregularidades en el proceso de contratación suscrito con la empresa canadiense Canacol para la adquisición de gas de Medellín (Antioquia).
La actuación disciplinaria busca individualizar a posibles responsables, determinar la ocurrencia de conductas, establecer si las mismas son constitutivas de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
De acuerdo a la Tercera Delegada para la Contratación Estatal, algunos medios de comunicación informaron que EPM firmó un negocio jurídico con la empresa canadiense Canacol por más de $5 billones. Este contrato tiene el objetivo de garantizar el suministro del recurso durante los próximos 10 años en el distrito de Medellín, que incluía la construcción de un gasoducto entre Córdoba y Sucre.
El Ministerio Público revisará la negociación que en su momento gestionó el exalcalde Daniel Quintero Calle, “quien al parecer retiró de ella, en el último momento y sin explicación, a Promigas (empresa del grupo de energía de Bogotá), firma que se encargaría de la construcción del gasoducto”.
La Procuraduría analizará los antecedentes del contrato que habría sido suscrito hace dos años entre EPM y Canacol, del cual se eligió para construir el gasoducto a la empresa Shangai Engeniering Technology Corp -Setco —la cual tiene un pasado reciente en el negocio de las comidas—, y fue creada en Panamá aparentemente 12 días antes de que el contrato fuera firmado.
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