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Pruebas testimoniales indicarían que Benitorevollo recibió apoyo para llegar al Congreso por parte de grupos paramilitares, ayuda que le facilitaría "de forma directa", acceder a su curul: indica la Procuraduría que en el departamento de Sucre, los 'paras' "habrían ejercido fuertes amenazas en contra de la ciudadanía para así asegurar la victoria de quien ellos respaldaban".
"Presuntamente esa labor de presión e intimidación se hizo singularmente patente durante una reunión política en el sitio conocido como el Plan Parejo, donde no solamente se hizo presente la candidata a la Cámara de Representantes para ofrecer públicamente sus planteamiento a la comunidad, sino que además estuvo acompañada de su jefe político y candidato al Senado de la República, Jairo Merlano Fernández, quienes supuestamente compartieron la tarima con personajes de la región conocidos como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia", señaló la Procuraduría.
El Ministerio Público decidió que existen pruebas que demuestran que Benitorevollo, en la época previa a las elecciones de 2002, tenía apoyo de paramilitares en el departamento de Sucre, y "era vista como la persona que contaba con un ilícito aval de parte de las Autodefensas y en concreto por uno de sus líderes con innegable influencia en el departamento de Sucre, Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias 'Cadena'".
Los otros siete políticos y funcionarios presuntamente implicados con grupos armados al margen de la ley son Nelson Stamp Berrio, diputado de la Asamblea departamental de Sucre; Marlon Ricardo Donado, concejal del municipio de San Onofre; los ex alcaldes de este mismo municipio, Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez y Jorge Blanco Fuentes; el ex secretario de Educación departamental, Oswaldo Ayala Bertel; y Roger Augusto Padilla, gerente de la E.S.E, Hospital Local de San Onofre, Sucre.
Benitorevollo ya fue sancionada penalmente por sus vínculos con grupos armados al margen de la ley. El 15 de noviembre de 2006, la ex representante conservadora fue capturada por el DAS, por orden de la Fiscalía General de la Nación, por no haber asistido a la indagatoria donde debía explicar por qué su nombre aparecía en el computador de Jorge 40.
El 15 de octubre de 2007, mientras se encontraba recluida en El Buen Pastor de Bogotá, se acogió a sentencia anticipada; el 25 de febrero de 2008 dictaron en su contra una condena de 79 meses de prisión, que fueron rebajados a 47 meses y 15 días por colaborar con la justicia.
Cumplió la pena efectiva fue de 21 meses y 19 días el 2 de septiembre de 2008, y fue dejada en libertad.
Por El Espectador
