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El proyecto “Ruta del Arroz”, con una inversión de más de COP 36.000 millones y liderado por el Fondo de Adaptación del gobierno, estaría presentando irregularidades en su implementación en 11 municipios de la subregión de La Mojana. Allí, aparentemente, un contratista que ya habría incumplido con sus obligaciones dentro de la implementación, se estaría beneficiando con la ayuda de algunos funcionarios de la entidad.
Por esa razón, la Procuraduría abrió una indagación previa para determinar si realmente existen las irregularidades y quiénes serían los funcionarios que las estarían propiciando, afectando poblaciones de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.
La información que llegó al Ministerio Público y que dio pie para la indagación es que, al parecer, “la administración de esa institución estaría interfiriendo para beneficiar al contratista y entorpecer la labor del interventor, pese a que el primero de ellos habría incumplido con sus obligaciones”.
Dentro de las pruebas solicitadas por el ente de control al Fondo de Adaptación, están la copia de los documentos que soportan la ejecución del proyecto, así como los manuales de funciones de los servidores públicos que fueron designados para ejercer la supervisión y su contrato de interventoría.
Con esas acciones, la Procuraduría busca confirmar o descartar la presunta irregularidad, así como identificar o individualizar a los posibles autores. Todo, con el propósito de determinar si hay argumentos suficientes para abrir una investigación disciplinaria.
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