La Procuraduría emitió una alerta por el reclutamiento de menores indígenas en el departamento del Huila, especialmente en los municipios de La Plata, La Argentina, Nátaga e Íquira, debido a la presencia de actores armados ilegales en sus territorios. En un comunicado dirigido a la consejera presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DDHH), Lourdes Castro García, el ente de control advirtió sobre los crecientes riesgos que enfrentan estas comunidades y pidió medidas para salvaguardar su integridad, libertad y permanencia cultural.
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La advertencia del Ministerio Público se basó en una declaración del consejero político del Consejo Regional Indígena, quien indicó que el recrudecimiento del conflicto armado ha generado situaciones de reclutamiento y amenazas contra menores indígenas, ocasionando, además, un aumento en la deserción escolar.
La Procuraduría enfatizó que las comunidades indígenas, por su especial vulnerabilidad, deben ser protegidas según las medidas de prevención ordenadas por la Corte Constitucional para garantizar su derecho a la libre determinación y al desarrollo económico, social y cultural.
En este sentido, el ente de control solicitó a la Consejería DDHH informar sobre las acciones desplegadas para proteger a los menores indígenas en el Huila, quienes son objeto de estos intentos de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Además, la Procuraduría exigió medidas adecuadas y diferenciales, en concordancia con el derecho de estos pueblos a decidir libremente sobre sus condiciones políticas, económicas y sociales.
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Esta solicitud se fundamenta en el papel de la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes. Esta comisión tiene la responsabilidad de coordinar medidas preventivas para evitar que los menores indígenas y otros niños y adolescentes caigan en manos de grupos armados al margen de la ley o sean víctimas de violencia sexual y explotación.
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