Graves carencias en el esquema de atención local, departamental y nacional a la población en situación de desplazamiento forzado del departamento de Córdoba fueron evidenciadas por la Procuraduría que advirtió sobre la grave crisis humanitaria que enfrentan las víctimas de esta problemática.
El Ministerio Público realizó un seguimiento a la situación de la población desplazada, en riesgo de inminencia de desplazamiento y/o confinada en el departamento de Córdoba, en el que se analizaron los informes de riesgo de inminencia de la Defensoría del Pueblo en el año 2010, los cuales alertan sobre la situación de la población civil en los municipios del departamento como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales que buscan “(…) obtener el control territorial de puntos estratégicos para el narcotráfico y el ejercicio de actividades ilícitas”.
Esta confrontación entre bandos está afectando a la población civil. “La mayoría de las víctimas pertenecen a las comunidades campesinas de la zona o miembros de cabildos indígenas asentados en resguardos, ubicados en las jurisdicciones de los municipios cobijados por los informes de riesgo”, señala el informe de la Procuraduría.
Se advirtió también un desconocimiento de los mecanismos y funciones que debe ejercer este organismo cuando se presentan o se alertan situaciones de desplazamientos masivos y/o situaciones de confinamiento.
Por otra parte, la Procuraduría estableció que la Fuerza Pública no tiene claridad de las zonas del departamento que han sufrido eventos de desplazamientos masivos y/o situaciones de confinamiento y por ello “expresaron la incapacidad de poder suministrar información de las acciones que se adelantaron para contener y minimizar el riesgo de las comunidades sobre las cuales ya existía y existen informes de riesgo y reportes de las autoridades civiles sobre el nivel de riesgo”.
Producto de este seguimiento, la Procuraduría formuló algunas recomendaciones para que los organismos competentes adopten medidas urgentes tendientes a facilitar y garantizar el goce efectivo de derechos de la población en situación de desplazamiento y/o confinada.
La Procuraduría instó al Ministerio de Defensa a evaluar la situación de seguridad y orden público de los municipios de Pueblo Nuevo, Buenavista, la Apartada, Puerto Libertador, Montelíbano, Lorica, San Antero, San Bernardo del Viento y Moñitos, sus corregimientos, veredas, centros y poblados y en general los municipios de Córdoba sobre los que existe alerta de desplazamientos masivos, confinamiento y/o violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, a partir de los hallazgos de la Procuraduría y de los informes de la Defensoría del Pueblo.
El órgano de control requirió además al Ministerio del Interior y de Justicia para que en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, Acción Social, la Gobernación de Córdoba y las alcaldías municipales para que desarrollen un plan de fortalecimiento territorial que permita advertir las principales debilidades presupuestales, técnicas y administrativas de las entidades territoriales para atender la grave situación de desplazamiento forzado.
En el marco de este informe se solicitó abrir indagación preliminar en contra del secretario técnico del Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada con el fin de establecer su presunta inoperancia del Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada.
Por El Espectador
