Procuraduría advierte sobre impacto fiscal por consultas mineras en Colombia
El Ministerio Público asegura que cada consulta para continuar con las actividades de exploración y explotación minera requiere de una gran inversión de los recursos públicos.
Redacción Judicial
En una comunicación enviada al Ministerio de Hacienda la Procuraduría General manifestó su preocupación frente a la generalización de las consultas populares mineras en Colombia. El órgano de control considera que de generalizarse esta práctica se puede presentar un impacto fiscal que afectarías las finanzas de la Nación.
Para la Procuraduría Genera cada consulta popular que se quieran realizar con el propósito de aprobar o no alguna de las formas de la industria extractiva en sus territorios requieren de una gran inversión de los recursos públicos. Un ejemplo de esto, cita, es la consulta que se iba a realizar en Ibagué y la cual tenía presupuestado un costo de 540 millones de pesos.
En la misiva enviada al ministro Mauricio Cárdenas Santamaría el Grupo Asesor en Minas, Hidrocarburos y Regalías de la Procuraduría considera que en estos momentos se está presentando una caída en los precios internacionales del petróleo lo que tiene una influencia directa sobre la economía. (Lea también Una Procuraduría sin agenda política)
“La economía nacional han sufrido una baja sensible afectando, entre otros aspectos, el recaudo por concepto de regalías”, señala el Ministerio Público. En su concepto la situación actual y el aumento de consultas mineras inciden directamente en los efectos preventivos y correctivos que se buscan con la actual reforma tributaria estructural.
“De llevarse a cabo las consultas populares para prohibir las mencionadas actividades extractivas el impacto en las finanzas públicas sería aún mayor y la reforma tributaria estructural que el gobierno Nacional adelanta ‘pasaría a ser una simple reforma más para tapar el grave hueco fiscal’”, advierte la misiva que también le fue enviada a la Registraduría Nacional del Estrado Civil.
La Procuraduría manifiesta que existe una gran preocupación sobre el auge de los procesos de consulta popular que se han utilizado para prohibir o restringir la realización de actividades extractivas de recursos naturales no renovables en algunas zonas del país teniendo en cuenta que en el 50% de los municipios existen industrias mineras o petroleras.
En una comunicación enviada al Ministerio de Hacienda la Procuraduría General manifestó su preocupación frente a la generalización de las consultas populares mineras en Colombia. El órgano de control considera que de generalizarse esta práctica se puede presentar un impacto fiscal que afectarías las finanzas de la Nación.
Para la Procuraduría Genera cada consulta popular que se quieran realizar con el propósito de aprobar o no alguna de las formas de la industria extractiva en sus territorios requieren de una gran inversión de los recursos públicos. Un ejemplo de esto, cita, es la consulta que se iba a realizar en Ibagué y la cual tenía presupuestado un costo de 540 millones de pesos.
En la misiva enviada al ministro Mauricio Cárdenas Santamaría el Grupo Asesor en Minas, Hidrocarburos y Regalías de la Procuraduría considera que en estos momentos se está presentando una caída en los precios internacionales del petróleo lo que tiene una influencia directa sobre la economía. (Lea también Una Procuraduría sin agenda política)
“La economía nacional han sufrido una baja sensible afectando, entre otros aspectos, el recaudo por concepto de regalías”, señala el Ministerio Público. En su concepto la situación actual y el aumento de consultas mineras inciden directamente en los efectos preventivos y correctivos que se buscan con la actual reforma tributaria estructural.
“De llevarse a cabo las consultas populares para prohibir las mencionadas actividades extractivas el impacto en las finanzas públicas sería aún mayor y la reforma tributaria estructural que el gobierno Nacional adelanta ‘pasaría a ser una simple reforma más para tapar el grave hueco fiscal’”, advierte la misiva que también le fue enviada a la Registraduría Nacional del Estrado Civil.
La Procuraduría manifiesta que existe una gran preocupación sobre el auge de los procesos de consulta popular que se han utilizado para prohibir o restringir la realización de actividades extractivas de recursos naturales no renovables en algunas zonas del país teniendo en cuenta que en el 50% de los municipios existen industrias mineras o petroleras.