Procuraduría alerta por falencias en el servicio de Electricaribe en siete departamentos
El Ministerio Público adelantará acciones disciplinarias para establecer una omisión en el cumplimiento de los deberes constitucionales para la protección de los derechos.
Redacción judicial
La Procuraduría General manifestó su preocupación ante la grave situación que se presenta en el sector energía en los siete departamentos de la Costa Atlántica con la empresa prestadora del servicio Electricaribe S.A. ESP. Ante esto se inició el proceso de verificación para establecer si existen o no méritos para abrir una investigación de carácter disciplinario.
El Ministerio Público asegura que desde hace ocho años no se ha ejecutado una solución visible a esta problemática lo que ha generado una grave afectación a los usuarios del servicio, por lo que sus derechos fundamentales se estarían viendo afectados por estas falencias por parte de la mencionada empresa.
A través de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, realiza seguimiento a la Superintendencia de Servicios Públicos, al Ministerio de Minas y Energía, a la Unidad de Planeación Minero Energética, a la empresa Electricaribe y a las gobernaciones y alcaldías de la Costa Atlántica, con el objeto de garantizar el estricto cumplimiento de las acciones y actividades a adelantar para superar la crisis.
La semana pasada se realizaron mesas de trabajo articuladas por la Procuraduría, en la que las entidades vinculadas con esta problemática asumieron compromisos frente a las ayudas para el pago del servicio de energía a brindarse a los usuarios más necesitados; el aumento de recursos disponibles para inversión en la materia; la definición de proyectos de mayor impacto en la región; la necesidad de atraer nuevas empresas inversoras; y la garantía de la ejecución del plan de inversiones.
La Procuraduría ha identificado posibles omisiones por parte de entidades del nivel central, en cabeza de los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público; así como de territoriales como gobernaciones, alcaldías y entidades descentralizadas; por lo cual adelantará labores de seguimiento y control que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones a través de estrategias como la implementación de una matriz que establezca responsabilidades, plazos y fechas concretas.
La Procuraduría General manifestó su preocupación ante la grave situación que se presenta en el sector energía en los siete departamentos de la Costa Atlántica con la empresa prestadora del servicio Electricaribe S.A. ESP. Ante esto se inició el proceso de verificación para establecer si existen o no méritos para abrir una investigación de carácter disciplinario.
El Ministerio Público asegura que desde hace ocho años no se ha ejecutado una solución visible a esta problemática lo que ha generado una grave afectación a los usuarios del servicio, por lo que sus derechos fundamentales se estarían viendo afectados por estas falencias por parte de la mencionada empresa.
A través de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, realiza seguimiento a la Superintendencia de Servicios Públicos, al Ministerio de Minas y Energía, a la Unidad de Planeación Minero Energética, a la empresa Electricaribe y a las gobernaciones y alcaldías de la Costa Atlántica, con el objeto de garantizar el estricto cumplimiento de las acciones y actividades a adelantar para superar la crisis.
La semana pasada se realizaron mesas de trabajo articuladas por la Procuraduría, en la que las entidades vinculadas con esta problemática asumieron compromisos frente a las ayudas para el pago del servicio de energía a brindarse a los usuarios más necesitados; el aumento de recursos disponibles para inversión en la materia; la definición de proyectos de mayor impacto en la región; la necesidad de atraer nuevas empresas inversoras; y la garantía de la ejecución del plan de inversiones.
La Procuraduría ha identificado posibles omisiones por parte de entidades del nivel central, en cabeza de los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público; así como de territoriales como gobernaciones, alcaldías y entidades descentralizadas; por lo cual adelantará labores de seguimiento y control que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones a través de estrategias como la implementación de una matriz que establezca responsabilidades, plazos y fechas concretas.