Procuraduría apeló condena contra Andrés Camacho Casado por 'carrusel'
El exconcejal de Bogotá fue sentenciado a 40 meses por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio.
El Espectador
Ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Procuraduría General presentó el recurso de apelación en contra de la condena de cuarenta meses de prisión emitida en fallo de primera instancia por el juez quinto de conocimiento en contra del exconcejal distrital Andrés Camacho Casado por el denominado ‘carrusel de la contratación’.
En el juicio el excabildante aceptó su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio hecho que le valió una reducción considerable en su pena. En este caso se consideró que la pena impuesta es muy baja y no se puede suspender la ejecución de la misma ya que no se cumplen los requisitos para la misma.
En este sentido consideró que el juzgador no tuvo en cuenta la gravedad de la conducta punible, el daño real ocasionado a la comunidad y la intensidad del dolo, conllevando de esta manera a afectar la credibilidad de la administración pública, pues su intermediación no fue por causas justas.
Ante esto se pide un aumento de la sentencia emitida en contra del exconcejal quien habría utilizado su posesión social y política para el nombramiento del director de la Unidad de Malla Vial para beneficiar a un grupo de contratistas quienes iban a entregar unas comisiones.
El Ministerio Público pidió además que la sentencia debe cumplirla en establecimiento de reclusión, porque el beneficio de suspensión de la pena está prohibido por la ley para los delitos que afecten la administración de justicia.
Ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Procuraduría General presentó el recurso de apelación en contra de la condena de cuarenta meses de prisión emitida en fallo de primera instancia por el juez quinto de conocimiento en contra del exconcejal distrital Andrés Camacho Casado por el denominado ‘carrusel de la contratación’.
En el juicio el excabildante aceptó su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio hecho que le valió una reducción considerable en su pena. En este caso se consideró que la pena impuesta es muy baja y no se puede suspender la ejecución de la misma ya que no se cumplen los requisitos para la misma.
En este sentido consideró que el juzgador no tuvo en cuenta la gravedad de la conducta punible, el daño real ocasionado a la comunidad y la intensidad del dolo, conllevando de esta manera a afectar la credibilidad de la administración pública, pues su intermediación no fue por causas justas.
Ante esto se pide un aumento de la sentencia emitida en contra del exconcejal quien habría utilizado su posesión social y política para el nombramiento del director de la Unidad de Malla Vial para beneficiar a un grupo de contratistas quienes iban a entregar unas comisiones.
El Ministerio Público pidió además que la sentencia debe cumplirla en establecimiento de reclusión, porque el beneficio de suspensión de la pena está prohibido por la ley para los delitos que afecten la administración de justicia.