La Procuraduría General presentó ante el Tribunal Superior de Magdalena recurso de apelación en contra de la decisión del juez del único penal del Circuito de Fundación que ordenó la preclusión de la investigación que se adelantaba en contra de Alfredo Cruz Esquea, propietario del bus en el que murieron incinerados 33 niños en el municipio del Magdalena el pasado 19 de mayo.
El Ministerio Público argumentó que existen pruebas suficientes para vincular al hombre en el proceso penal que se adelanta por esta tragedia, puesto que conocía que el vehículo presentaba fallas mecánicas y técnicas, que obligaban al conductor a inyectarle gasolina directamente al motor.
En este caso consideró que se presentó una extralimitación por parte del juez quien tomó esta decisión en la audiencia en la que se le presentó el preacuerdo firmado entre Cruz Esquena y la Fiscalía General en el que aceptaba su responsabilidad en el delito de homicidio simple y convertirse testigo de cargo en los otros procesos.
La acción de la Procuraduría se suma a la radicada por la Fiscalía General y los defensores de los familiares de las víctimas que aseguraron que el hombre era consciente del riesgo que representaba el sistema artesanal de tanqueo que tenía el automotor y el hecho que no había sido sometido a una revisión técnico mecánica.
En la decisión tomada el pasado 25 de noviembre, el juez consideró que no existían motivos para seguir con el proceso penal en contra del dueño del bus puesto que no se encontraba en el lugar de los hechos y no tuvo responsabilidad en el incendio por lo que ordenó su libertad inmediata.
Cruz Esquea fue capturado en septiembre pasado en el Estado venezolano de Zulia. En un operativo conjunto fue detenido después que la Interpol emitiera circular azul para dar con su paradero. Pocos días después fue deportado a Colombia. La Fiscalía General le imputó el delito de homicidio simple del cual se declaró inocente y un juez de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento debido a la gravedad del cargo y el peligro que representaba para la sociedad.
Por estos mismos hechos trágicos enfrentan un proceso penal el conductor del bus y el pastor del colegio que lo contrató para el transporte de los menores de edad.
Por Redacción Judicial
