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La Procuraduría archivó una investigación disciplinaria contra el senador del partido Conservador Óscar Barreto, nueve exdiputados del Tolima y el excontralor de ese departamento Edilberto Pava. Estos políticos eran investigados por el Ministerio Público porque, supuestamente, habrían cometido irregularidades en la elección del contralor del Tolima entre 2016 y 2019. Durante ese lapso, Barreto fungió como gobernador por segunda vez.
Supuestamente, señalaba la denuncia archivada, el excontralor Pava estuvo inmerso en un conflicto de interés, por ser amigo íntimo y exempleado del entonces gobernador Óscar Barreto, lo que, según la queja, lo convertía en un “contralor de bolsillo”, es decir, en alguien manipulable que no iba a ejercer su labor de vigilancia de los recursos públicos. Sin embargo, la Procuraduría cerró el expediente.
Según el análisis de la entidad de Margarita Cabello, no hubo apoyo ni presión política del entonces gobernador Barreto, y tampoco un “interés indebido” por parte de los exdiputados, “no obra prueba que sustente que existió hecho irregular”. “Por todo lo expuesto, procede invocar como causal de terminación de la investigación disciplinaria seguida contra los inculpados, que los hechos atribuidos no existieron”, dice la Procuraduría.
La investigación contra Óscar Barreto en la Corte Suprema
Doce contratos de obra pública por casi $35 mil millones, aparentemente entregados a dedo o adjudicados sin cumplir los requisitos de ley, tienen en graves apuros judiciales a Barreto ante el alto tribunal. A sus 62 años, y con una trayectoria de 40 en la vida pública, uno de los políticos más influyentes del Partido Conservador y de Tolima fue llamado en noviembre de 2023 a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
Según el expediente, durante su primera gobernación en Tolima, entre 2008 y 2011 -repitió entre 2016 y 2019-, se entregaron tres convenios interinstitucionales, cuatro contratos de obra pública mediante licitaciones y cinco contratos más de interventoría para la construcción de infraestructura educativa del departamento que estarían repletos de irregularidades y presuntos favorecimientos a contratistas. Conozca aquí detalles del expediente revelado por El Espectador.
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