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La Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, confirmó la sanción de destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ambos han confesado participar en un esquema de desfalcos al interior de la entidad para favorecer las iniciativas del gobierno ante el Congreso.
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Con la decisión de segunda instancia, Olmedo López queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 18 años, además, Pinilla no podrá trabajar con el Estado por un periodo de 20 años. El expediente investigado por la Procuraduría se relaciona con los sobrecostos para la adquisición de 40 carrotanques que iban a ser destinados para el abastecimiento de agua potable en La Guajira, y que, bajo su administración, quedaron llenándose de polvo en un parqueadero.
“La entidad confirmó también, la destitución e inhabilidad general por 10 años, al exsubdirector general Víctor Andrés Meza Galván, quien rubricó la ratificación de orden de proveeduría para facilitar que la fiduciaria la Previsora, efectuara el pago al contratista, participando así en la actividad contractual que produjo detrimento del patrimonio público”, agregó el órgano de control.
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El expediente establece que las antiguas cabezas de la Ungrd participaron en una actividad contractual cuyo único fin fue causarle un detrimento al patrimonio público. Adquirieron vehículos por los que se pagaron sobrecostos que superaron los $16.000 millones, que equivalieron a más del 54% con respecto a los precios reales del mercado, y de más de $412 millones por cada uno de los carrotanques.
Con el tiempo se supo, tras la investigación de medios de comunicación como la W Radio, que los sobrecostos atendían al presunto pago de sobornos a los entonces presidentes de la Cámara y el Senado, Andrés Calle e Iván Name, en 2023. La idea fue, como han confesado López y Pinilla, que estos parlamentarios movieran las reformas del gobierno de Gustavo Petro, para lo cual recibieron, entre ambos, $4.000 millones.
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“El ente de control destacó que en el caso de Olmedo López, se confirmó su participación en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, al suscribir la ratificación de la orden de proveeduría, estructurada y elaborada por Pinilla, y autorizar el pago de recursos al contratista”, explicó la Procuraduría.
Y agregó: “En el caso de Sneyder Pinilla, ratificó que también participó en la gestión del negocio jurídico suscrito para la compra de los vehículos y omitió el hecho de que las tres cotizaciones recibidas, superaban ampliamente el precio real del mercado y avaló el pago de los valores sin tener en cuenta los evidentes sobrecostos”.
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