Procuraduría confirmó la sanción contra dos militares vinculados al caso Andrómeda

Se conoció una nueva decisión disciplinaria en el escandaloso caso de espionaje protagonizado por militares del Ejército que le vendieron información reservada al conocido “hacker de La Habana”, Andrés Sepúlveda. Desde el 20 de noviembre de 2018, la Procuraduría había sancionado a tres uniformados de la institución castrense al encontrar que, faltando a su deber constitucional, participaron en la comercialización de información reservada para el Estado. Ese día, fueron sancionados el mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, a la suspensión en el cargo por un mes; y el cabo primero Luis Humberto Moreno Montes y el cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, a la inhabilidad general por 10 años. Además, al último, lo sancionaron con la separación absoluta de las Fuerzas Militares.

La sanción fue impugnada por los abogados de dos de los procesados, el mayor Moreno Montes y el cabo segundo Betancur Sánchez. Los defensores alegaron estar en desacuerdo con la decisión en primera instancia argumentando que no se practicaron algunos testimonios, no se evaluaron las pruebas en conjunto y hubo errores de forma en el fallo, entre otros. En respuesta, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría asumió la revisión del caso y luego de desestimar, punto por punto las quejas de los abogados, el Ministerio Público determinó mantener en firme la sanción en contra de los dos militares, tal y como fue establecida en primera instancia, es decir, sin ninguna modificación.

Los hechos que enlodaron la carrera de los oficiales se remontan a los años 2013 y 2014 cuando se desarrollaban los diálogos del Acuerdo de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc. Para la época, el cabo segundo Carlos Alberto Betancur era miembro del cuerpo de inteligencia de la denominada Operación Andrómeda, una estrategia gestada en el Ejército Nacional para desarrollar nuevas tecnologías y neutralizar los ataques informáticos que se ejecutaban en contra de las entidades del Estado. Entonces, quienes integraban el equipo tenían acceso a información reservada para la seguridad nacional, lo cual fue aprovechado por el cabo segundo Betancur, quien sustrajo datos sensibles relacionados con el Proceso de Paz. (Lea también: Caso Andrómeda y sus interrogantes)

Tal como lo determinó la Procuraduría, el oficial Betancur Sánchez obtuvo la información para ofrecerla a cambio de remuneración económica. Para ello, le ofreció 100 cuentas de correo electrónico con sus respectivas claves, al hacker Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, de las cuales solo se concretó la entrega de 20. Estas cuentas, permitieron el acceso a los correos del grupo negociador del Gobierno y de miembros de la organización de las Farc como, por ejemplo, al de alias “Boris”, jefe de comunicaciones y seguridad del extinto grupo guerrillero en la mesa de negociación. Además, el uniformado ofreció la entrega de interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de la operación Andrómeda con herramientas informáticas de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército Nacional (CITEC).

El Ministerio Público estableció que extracción ilícita de la información ocurrió cuando el mayor Joany Guerrero Herrera era el encargado de dirigir la operación de inteligencia militar Andrómeda. Por otra parte, sobre el cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, enlace de la Central de Inteligencia Técnica del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa, encontró la Procuraduría que, en febrero de 2014, a través del agente de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército Wilson Leonardo Torres Wilches, le vendió a Andrés Sepúlveda una base de datos pertenecientes al GAHD que contenía información de reinsertados de las Farc entre los años 1993 y 2008, a cambio de $8 millones, de los cuales solo se habrían concretado $3 millones. Pero Moreno Montes no impugnó su sanción.

Entonces, para el caso del cabo segundo Betancur Sánchez, la defensa solicitó la nulidad del proceso por violación al derecho de la defensa toda vez que no se tomaron algunos testimonios que, a su consideración, favorecían al militar. Además, le pidió a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría que revocara el fallo impugnado y absolviera de toda responsabilidad al oficial Betancur Sánchez. Tras evaluar el proceso, en primer lugar, el Ministerio Público desestimó la solicitud de nulidad porque “no se evidenció irregularidad alguna que atente contra el derecho de la defensa de los sujetos procesales”. Agregó la entidad que el despacho trató en múltiples oportunidades de hacer comparecer a los testigos a los que se refiere la defensa, pero que debido a situaciones adversas no se pudieron presentar ante la sala. (Noticia relacionada: Los detalles de Andrómeda, según la Procuraduría)

“Los testimonios no se lograron practicar, no por negligencia u omisión del a quo (primera instancia), sino por situaciones que se escaparon de la órbita del fallador de instancia”. Además, la Procuraduría estimó que era inadmisible el argumento de la defensa sobre deficiencia en las pruebas que den lugar a dudas en favor del cabo segundo, porque para el Ministerio Público está “suficientemente probado que entre “Bender” y el hacker del proceso de paz se concretaron acercamientos, el primero en el que se habrían conocido en el establecimiento ‘casita mágica’ y, el segundo, organizado por el agente Yesid González para acordar la venta de las cuentas de correo electrónico de los representantes del Gobierno y las Farc en La Habana, además de hacerle el ofrecimiento de herramientas de monitoreo para teléfonos móviles Blackberry”.

Por otro lado, frente a la impugnación interpuesta por el defensor del mayor Joany Alfonso Guerrero Herrera, en la que se argumentó que existían errores en la valoración de las pruebas por parte del despacho y que no se estableció si la temporalidad en la que fue comandante es la misma en la que el cabo segundo Betancur cometió los hechos. “No se puede predicar que exista un desconocimiento de los deberes funcionales de mi defendido, ni que se haya afectado de manera sustancial el deber funcional, ante la presencia de pruebas legalmente allegadas al proceso que no fueron analizadas en conjunto por el Señor Funcionario Competente y en las cuales se advierte que mi defendido no tenía la obligación legal de controlar a quien no era su subordinado para la fecha en que se cometieron los hechos”, manifestó el abogado defensor.

En respuesta, la Procuraduría determinó que el mayor Guerrero Herrera dirigió la operación Andrómeda en el periodo comprendido entre febrero de 2013 y enero de 2014, que se probó que para la época se presentaron falencias en el mando del personal que ejecutaba las labores de inteligencia, lo que dio lugar a la violación de protocolos de seguridad y de reserva que debía imperar al interior de la operación. Sin embargo, reprochó el defensor del oficial que para el 27 de febrero de 2014, cuando se presentó la primera reunión entre el cabo segundo Betancur Sánchez y Andrés Sepúlveda, su defendido ya había finalizado su labor en la operación Andrómeda. (Le puede interesar: “Hacker” Sepúlveda se hirió gravemente en la cabeza dentro de La Picota)

No obstante, para el Ministerio Público ese argumento tampoco libra de responsabilidad al alto oficial porque “para que se propiciara la venta de cuentas de correo electrónicas a Andrés Sepúlveda, primero se debió sustraer su contenido de los equipos de cómputo que operaban en Andrómeda”. En otras palabras, lo que explicó la Procuraduría es que el cabo segundo Betancur Sánchez extrajo la información reservada cuando estaba bajo el mando del mayor Guerrero Herrera para obtener, posteriormente, provecho propio. Agregó la entidad que el uniformado, por la calidad que ostentaba, tenía “el deber jurídico de obrar ejerciendo control y mando en las acciones de sus subalternos y no actuó, por ende, rompió su posición de garante porque defraudó las expectativas de los superiores que le encomendaron la orden operativa denominada Andrómeda”.

En ese sentido, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo impugnado y declaró disciplinariamente responsable al cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, en su calidad de suboficial del Ejército, con la separación absoluta de las fuerzas militares e inhabilidad general por el término de 10 años. Asimismo, declaró disciplinariamente responsable al mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, como comandante de la operación Andrómeda del Ejército, con la suspensión de un mes en el ejercicio del cargo.

Se conoció una nueva decisión disciplinaria en el escandaloso caso de espionaje protagonizado por militares del Ejército que le vendieron información reservada al conocido “hacker de La Habana”, Andrés Sepúlveda. Desde el 20 de noviembre de 2018, la Procuraduría había sancionado a tres uniformados de la institución castrense al encontrar que, faltando a su deber constitucional, participaron en la comercialización de información reservada para el Estado. Ese día, fueron sancionados el mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, a la suspensión en el cargo por un mes; y el cabo primero Luis Humberto Moreno Montes y el cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, a la inhabilidad general por 10 años. Además, al último, lo sancionaron con la separación absoluta de las Fuerzas Militares.

La sanción fue impugnada por los abogados de dos de los procesados, el mayor Moreno Montes y el cabo segundo Betancur Sánchez. Los defensores alegaron estar en desacuerdo con la decisión en primera instancia argumentando que no se practicaron algunos testimonios, no se evaluaron las pruebas en conjunto y hubo errores de forma en el fallo, entre otros. En respuesta, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría asumió la revisión del caso y luego de desestimar, punto por punto las quejas de los abogados, el Ministerio Público determinó mantener en firme la sanción en contra de los dos militares, tal y como fue establecida en primera instancia, es decir, sin ninguna modificación.

Los hechos que enlodaron la carrera de los oficiales se remontan a los años 2013 y 2014 cuando se desarrollaban los diálogos del Acuerdo de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc. Para la época, el cabo segundo Carlos Alberto Betancur era miembro del cuerpo de inteligencia de la denominada Operación Andrómeda, una estrategia gestada en el Ejército Nacional para desarrollar nuevas tecnologías y neutralizar los ataques informáticos que se ejecutaban en contra de las entidades del Estado. Entonces, quienes integraban el equipo tenían acceso a información reservada para la seguridad nacional, lo cual fue aprovechado por el cabo segundo Betancur, quien sustrajo datos sensibles relacionados con el Proceso de Paz. (Lea también: Caso Andrómeda y sus interrogantes)

Tal como lo determinó la Procuraduría, el oficial Betancur Sánchez obtuvo la información para ofrecerla a cambio de remuneración económica. Para ello, le ofreció 100 cuentas de correo electrónico con sus respectivas claves, al hacker Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, de las cuales solo se concretó la entrega de 20. Estas cuentas, permitieron el acceso a los correos del grupo negociador del Gobierno y de miembros de la organización de las Farc como, por ejemplo, al de alias “Boris”, jefe de comunicaciones y seguridad del extinto grupo guerrillero en la mesa de negociación. Además, el uniformado ofreció la entrega de interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de la operación Andrómeda con herramientas informáticas de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército Nacional (CITEC).

El Ministerio Público estableció que extracción ilícita de la información ocurrió cuando el mayor Joany Guerrero Herrera era el encargado de dirigir la operación de inteligencia militar Andrómeda. Por otra parte, sobre el cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, enlace de la Central de Inteligencia Técnica del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa, encontró la Procuraduría que, en febrero de 2014, a través del agente de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército Wilson Leonardo Torres Wilches, le vendió a Andrés Sepúlveda una base de datos pertenecientes al GAHD que contenía información de reinsertados de las Farc entre los años 1993 y 2008, a cambio de $8 millones, de los cuales solo se habrían concretado $3 millones. Pero Moreno Montes no impugnó su sanción.

Entonces, para el caso del cabo segundo Betancur Sánchez, la defensa solicitó la nulidad del proceso por violación al derecho de la defensa toda vez que no se tomaron algunos testimonios que, a su consideración, favorecían al militar. Además, le pidió a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría que revocara el fallo impugnado y absolviera de toda responsabilidad al oficial Betancur Sánchez. Tras evaluar el proceso, en primer lugar, el Ministerio Público desestimó la solicitud de nulidad porque “no se evidenció irregularidad alguna que atente contra el derecho de la defensa de los sujetos procesales”. Agregó la entidad que el despacho trató en múltiples oportunidades de hacer comparecer a los testigos a los que se refiere la defensa, pero que debido a situaciones adversas no se pudieron presentar ante la sala. (Noticia relacionada: Los detalles de Andrómeda, según la Procuraduría)

“Los testimonios no se lograron practicar, no por negligencia u omisión del a quo (primera instancia), sino por situaciones que se escaparon de la órbita del fallador de instancia”. Además, la Procuraduría estimó que era inadmisible el argumento de la defensa sobre deficiencia en las pruebas que den lugar a dudas en favor del cabo segundo, porque para el Ministerio Público está “suficientemente probado que entre “Bender” y el hacker del proceso de paz se concretaron acercamientos, el primero en el que se habrían conocido en el establecimiento ‘casita mágica’ y, el segundo, organizado por el agente Yesid González para acordar la venta de las cuentas de correo electrónico de los representantes del Gobierno y las Farc en La Habana, además de hacerle el ofrecimiento de herramientas de monitoreo para teléfonos móviles Blackberry”.

Por otro lado, frente a la impugnación interpuesta por el defensor del mayor Joany Alfonso Guerrero Herrera, en la que se argumentó que existían errores en la valoración de las pruebas por parte del despacho y que no se estableció si la temporalidad en la que fue comandante es la misma en la que el cabo segundo Betancur cometió los hechos. “No se puede predicar que exista un desconocimiento de los deberes funcionales de mi defendido, ni que se haya afectado de manera sustancial el deber funcional, ante la presencia de pruebas legalmente allegadas al proceso que no fueron analizadas en conjunto por el Señor Funcionario Competente y en las cuales se advierte que mi defendido no tenía la obligación legal de controlar a quien no era su subordinado para la fecha en que se cometieron los hechos”, manifestó el abogado defensor.

En respuesta, la Procuraduría determinó que el mayor Guerrero Herrera dirigió la operación Andrómeda en el periodo comprendido entre febrero de 2013 y enero de 2014, que se probó que para la época se presentaron falencias en el mando del personal que ejecutaba las labores de inteligencia, lo que dio lugar a la violación de protocolos de seguridad y de reserva que debía imperar al interior de la operación. Sin embargo, reprochó el defensor del oficial que para el 27 de febrero de 2014, cuando se presentó la primera reunión entre el cabo segundo Betancur Sánchez y Andrés Sepúlveda, su defendido ya había finalizado su labor en la operación Andrómeda. (Le puede interesar: “Hacker” Sepúlveda se hirió gravemente en la cabeza dentro de La Picota)

No obstante, para el Ministerio Público ese argumento tampoco libra de responsabilidad al alto oficial porque “para que se propiciara la venta de cuentas de correo electrónicas a Andrés Sepúlveda, primero se debió sustraer su contenido de los equipos de cómputo que operaban en Andrómeda”. En otras palabras, lo que explicó la Procuraduría es que el cabo segundo Betancur Sánchez extrajo la información reservada cuando estaba bajo el mando del mayor Guerrero Herrera para obtener, posteriormente, provecho propio. Agregó la entidad que el uniformado, por la calidad que ostentaba, tenía “el deber jurídico de obrar ejerciendo control y mando en las acciones de sus subalternos y no actuó, por ende, rompió su posición de garante porque defraudó las expectativas de los superiores que le encomendaron la orden operativa denominada Andrómeda”.

En ese sentido, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo impugnado y declaró disciplinariamente responsable al cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, en su calidad de suboficial del Ejército, con la separación absoluta de las fuerzas militares e inhabilidad general por el término de 10 años. Asimismo, declaró disciplinariamente responsable al mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, como comandante de la operación Andrómeda del Ejército, con la suspensión de un mes en el ejercicio del cargo.