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En el marco de las distintas dificultades que ha enfrentado este proceso en el país, el Ministerio Público decidió pronunciarse. Desde hace algunas semanas los reclusos de los pabellones de Justicia y Paz se declararon en paro porque el Inpec les retiró algunos beneficios (celulares, portátiles, visitas).
Por esta razón, los desmovilizados han cancelado las versiones libres y se han negado a comparecer a estas diligencias.
"La Procuraduría General de la Nación comprometida con la política criminal de justicia restaurativa consagrada en la Ley 975 de 2005, para la transición hacía el logro de una paz sostenible y en la medida en que el proceso judicial avanza junto con las dificultades propias del mismo", señaló en un comunicado oficial el organismo.
Según el Ministerio Público, con esto se busca intervenir tantos en las agendas legislativas como de política pública, que involucran el proceso "con el objeto, tal y como lo consagra la norma, de facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil, en un plano de igualdad de los miembros de los grupos armados al margen de la ley que decidan desmovilizarse", agrega el pronunciamiento.