En una carta enviada por la Procuraduría General al al ministro Mauricio Cárdenas Santamaría se presentaron diversos cuestionamientos sobre el nuevo anuncio del aumento de los precios de los combustibles.
Según la misiva firmada por la procuradora delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez, existen las evidentes disparidades entre las condiciones económicas de Colombia y el mercado de combustibles de los Estados Unidos que le sirve como referencia, y sobre las contradicciones entre los argumentos técnicos del Ministerio y la realidad económica, social y ambiental del país.
Los constantes aumentos en la defunción de los precios de la gasolina afectan a la población “más vulnerable, causando un impacto que podría ser un lastre para el desarrollo económico”, cuestionando así el hecho de que pese a que en Colombia se tienen vastas reservas de petróleo los precios sigan subiendo.
En la citada comunicación, la procuradora delegada solicitó al Ministerio de Minas y Energía aclarar cómo ha incidido el descenso de los precios del crudo en los mercados internacionales durante la última semana de septiembre y primera semana de octubre de 2011, en la liquidación de los precios internos según la nueva fórmula.
Respecto del reconocimiento del costo de oportunidad de los combustibles como factor fundamental, según el Ministerio, para modernizar y ampliar las refinerías locales, Carreño Gómez solicitó aclarar qué porcentaje de los ingresos globales por concepto de la venta del petróleo y sus derivados y de los ingresos derivados de la venta de crudo para el abastecimiento de la demanda interna se destina a la modernización de las refinerías nacionales, y cuál será el destino final esperado para los productos de la refinería de Cartagena una vez se termine el proceso de modernización.
En relación con las tasas y contribuciones que hacen parte de la fórmula para la fijación del precio de los combustibles, se solicitó informar cuál ha sido el destino de los cuantiosos recursos recaudados por concepto de sobretasa, cuya transferencia parece no haber tenido efecto sobre la mejoría en el estado de las vías, ni en su reparación.
La procuradora delegada reiteró la importancia de adoptar las determinaciones más adecuadas para el mejoramiento de una política pública de tan vital trascendencia para los intereses de la Nación y aclaró que las observaciones expresadas podrán ser o no acogidas por la Administración, dentro de su autonomía.
Por El Espectador
