Procuraduría definirá el problema de los bloqueos de teléfonos en las cárceles

El problema que en estos momentos tienen el Inpec para decidir qué pasará con el contrato que se viene ejecutando desde el 2008 para el servicio de telefonía y el bloqueo de la señal en las cárceles del país quedó en manos de la Procuraduría. Será el Ministerio Público el que defina cuál de las dos estrategias debe seguir la entidad antes del 30 de septiembre: realizar un contrato interadministrativo con otra empresa del Estado o prorrogar por unos meses el que ya existe con Prepacol Ltda. (Lea: Así extorsionan desde la cárcel)

El director del Inpec, general Jorge Ramírez, explicó que llevan 18 meses estudiando qué hacer con el tema de los bloqueo de la señal de celulares en las 136 cárceles del país para reducir los índices de extorsión.  Según Ramírez, en un principio se pensó hacer una licitación, pero la idea se desechó porque se requería un estudio financiero que costaba $1.500 millones y el Inpec no tenía tal presupuesto: “Esa plata no la teníamos y el estudio lo iba a servir como un referente para saber por cuánto tiempo se le podía dar a una persona el contrato de la telefonía de una”, dijo Ramírez.

Desde hace más de ocho años la empresa Precaol viene manejando la telefonía en centros carcelarios y que el próximo 30 de septiembre el contrato se acaba. El director del Inpec explicó que no se justificaba realizar una inversión en las 136 cárceles del país, pues “el bloqueo en un cárcel pude costar en promedio un millón de dólares, alrededor de $3.000 millones”.  Por esa razón, se decidió que el contrato de telefonía y de bloqueo de señal se iba a ejecutar nada más en 33 cárceles que concentran el 70% de los presos y en las que se han registrado el 100% de las llamadas extorsivas.

“Históricamente hay 33 cárceles de donde han salido llamadas extorsivas. Esos centros carcelarios se priorizaron, pues representan el 70% de la población s. Lograr hacer un proceso contractual o asignar la telefonía y el bloqueo de esas 33 cárceles a una sola persona es bueno. Además, no va a ser por mucho tiempo”, puntualizó el general Ramírez. Sin embargo, el sindicato del Inpec denunció que el proceso de contratación era improvisado y generaba desconfianza, pues consideraba que para evitar la corrupción se debía realizar una licitación pública.

Para el sindicato, el contrato con Prevacol estuvo lleno de irregularidades que terminaron en demandas contra el exdirector del Inpec Eduardo Morales, quien supuestamente tenía intereses en esa empresa.  Asimismo, que Prevacol manejaba las tarifas más altas del mercado a la hora de cobrar el minuto a celular. “Hace nueve años sucedió lo mismo con el tema de la telefonía. Parece ser que el Inpec improvisa. No conocemos el nuevo operador y sabemos que instalar e implementar un nuevo modelo significará más tiempo, meses que hoy no tenemos”, se lee en el comunicado enviado por el Sindicato.

En rueda de presan el director del Inpec insistió en que una de las últimas opciones que tienen es prorrogar el contrato por máximo 10 meses para poder hacer mientras tanto un estudio de mercado que sirva como base para una posible licitación pública. Asimismo, que la otra posibilidad –la más viable para el general Ramírez– es optar por un contrato interadministrativo con una entidad estatal que tenga la experiencia y el manejo en temas de telefonía y bloqueo de señal.

“Se pensó en hacer un contrato interadministrativo para que administren la telefonía de centros carcelarios. La Procuraduría nos ha venido acompañando desde hace 8 meses y hemos realizado varias reuniones y no san recomendado hacer el convenio interadministrativo. Si esa opción es válida, optaríamos por dar una prórroga”, señaló el general Ramírez, quien advirtió que la última palabra la tiene el Ministerio Público. La empresa con la que se firmaría el convenio es Emtel, que ya presentó una propuesta para bloquear las 33 cárceles del país y además tiene alianzas con Claro y una empresa estadounidense para prestar todos los servicios de telefonía. 

El problema que en estos momentos tienen el Inpec para decidir qué pasará con el contrato que se viene ejecutando desde el 2008 para el servicio de telefonía y el bloqueo de la señal en las cárceles del país quedó en manos de la Procuraduría. Será el Ministerio Público el que defina cuál de las dos estrategias debe seguir la entidad antes del 30 de septiembre: realizar un contrato interadministrativo con otra empresa del Estado o prorrogar por unos meses el que ya existe con Prepacol Ltda. (Lea: Así extorsionan desde la cárcel)

El director del Inpec, general Jorge Ramírez, explicó que llevan 18 meses estudiando qué hacer con el tema de los bloqueo de la señal de celulares en las 136 cárceles del país para reducir los índices de extorsión.  Según Ramírez, en un principio se pensó hacer una licitación, pero la idea se desechó porque se requería un estudio financiero que costaba $1.500 millones y el Inpec no tenía tal presupuesto: “Esa plata no la teníamos y el estudio lo iba a servir como un referente para saber por cuánto tiempo se le podía dar a una persona el contrato de la telefonía de una”, dijo Ramírez.

Desde hace más de ocho años la empresa Precaol viene manejando la telefonía en centros carcelarios y que el próximo 30 de septiembre el contrato se acaba. El director del Inpec explicó que no se justificaba realizar una inversión en las 136 cárceles del país, pues “el bloqueo en un cárcel pude costar en promedio un millón de dólares, alrededor de $3.000 millones”.  Por esa razón, se decidió que el contrato de telefonía y de bloqueo de señal se iba a ejecutar nada más en 33 cárceles que concentran el 70% de los presos y en las que se han registrado el 100% de las llamadas extorsivas.

“Históricamente hay 33 cárceles de donde han salido llamadas extorsivas. Esos centros carcelarios se priorizaron, pues representan el 70% de la población s. Lograr hacer un proceso contractual o asignar la telefonía y el bloqueo de esas 33 cárceles a una sola persona es bueno. Además, no va a ser por mucho tiempo”, puntualizó el general Ramírez. Sin embargo, el sindicato del Inpec denunció que el proceso de contratación era improvisado y generaba desconfianza, pues consideraba que para evitar la corrupción se debía realizar una licitación pública.

Para el sindicato, el contrato con Prevacol estuvo lleno de irregularidades que terminaron en demandas contra el exdirector del Inpec Eduardo Morales, quien supuestamente tenía intereses en esa empresa.  Asimismo, que Prevacol manejaba las tarifas más altas del mercado a la hora de cobrar el minuto a celular. “Hace nueve años sucedió lo mismo con el tema de la telefonía. Parece ser que el Inpec improvisa. No conocemos el nuevo operador y sabemos que instalar e implementar un nuevo modelo significará más tiempo, meses que hoy no tenemos”, se lee en el comunicado enviado por el Sindicato.

En rueda de presan el director del Inpec insistió en que una de las últimas opciones que tienen es prorrogar el contrato por máximo 10 meses para poder hacer mientras tanto un estudio de mercado que sirva como base para una posible licitación pública. Asimismo, que la otra posibilidad –la más viable para el general Ramírez– es optar por un contrato interadministrativo con una entidad estatal que tenga la experiencia y el manejo en temas de telefonía y bloqueo de señal.

“Se pensó en hacer un contrato interadministrativo para que administren la telefonía de centros carcelarios. La Procuraduría nos ha venido acompañando desde hace 8 meses y hemos realizado varias reuniones y no san recomendado hacer el convenio interadministrativo. Si esa opción es válida, optaríamos por dar una prórroga”, señaló el general Ramírez, quien advirtió que la última palabra la tiene el Ministerio Público. La empresa con la que se firmaría el convenio es Emtel, que ya presentó una propuesta para bloquear las 33 cárceles del país y además tiene alianzas con Claro y una empresa estadounidense para prestar todos los servicios de telefonía.