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Procuraduría denuncia al Incoder

Por haber ubicado a un grupo de desplazados en una zona de alto riesgo, donde se pueden presentar posibles avalanchas e inundaciones.

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El Espectador
20 de febrero de 2009 - 02:54 p. m.
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El Ministerio Público anunció que presentó una acción popular en contra del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, por haber ubicado en un territorio llamado 'La Isla' a unas familias desplazadas, zona que según la Procuraduría sufre constantemente las inclemencias del río Magdalena.

"En el año 2006 el Incoder adquirió un predio denominado Isla del Sol, el cual presenta una situación de amenaza permanente de inundación que impide su utilización para proyectos de reforma agraria", puntualizó la Procuraduría. Quienes adjudicaron el predio en febrero de 2006 le dijeron al Grupo Técnico Territorial del Incoder que se sentían preocupados por las inundaciones que presentaba año tras año la zona.

La acción popular fue admitida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios conoció que en los años 2006 y 2007 se presentaron varias inundaciones que afectaron la zona denominada La Isla.

 "La situación obligó al entonces alcalde municipal a solicitar al Incoder la reubicación de las familias afectadas por esta situación, sin embargo, el Instituto, sin tener en cuenta las recomendaciones de reubicación definitiva, adjudicó una décima parte del predio de La Isla", denunció el Ministerio Público.

Por eso mediante la acción popular piden la "reubicación definitiva de las familias afectadas y mientras se realiza esta se debe garantizar la reubicación temporal así como la ayuda humanitaria de emergencia a la que tienen derecho las familias desplazadas mientras se logra la estabilización económica definitiva”.

De igual forma, busca que se le prohíba al Incoder adquirir predios que comprometan la vida y la integridad de los beneficiarios de su programas de reforma agraria. Para la Procuraduría, el Incoder al adquirir estos predios viola los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.

Por El Espectador

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