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El caso Estraval se ha convertido en el escándalo financiero más grave de los últimos años. Por esta estafa, el procurador general, Fernando Carrillo, anunció que ordenó abrir indagaciones preliminares “para identificar responsables de conductas indebidas o ilegales en caso de las operaciones con libranza”.
Carrillo señaló que eso amerita “constatar el debido cumplimiento de las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control de la Superentendencía de Economía Solidaria”. Por esta razón, el ente investigador llamará a entrevista a la exsuperintendente de economía Mariana Gutiérrez, quien salió del cargo hace menos de dos semanas. (Lea también: Pedimos que la superintendente de Economía Solidaria le dé la cara al país: Minhacienda)
Asimismo llamó a entrevista al superintendente de sociedades, Francisco Reyes, para preguntarle por las medidas adoptadas desde la Supersociedades para evitar el descalabro. El procurador Carrillo señaló además que estas entrevistas se extenderán a otros funcionarios de la Supersolidaria.
Agregó que la apertura de estas indagaciones preliminares no significan en sí mismas una investigación formal contra los involucrados. “Queremos encontrar la efectividad de las medidas y la prioridad por proteger a los sectores más débiles de la sociedad que fueron víctimas de este perjuicio”, explicó Carrillo.
El Procurador aseguró que estas investigaciones se adelantarán para defender a “los sectores donde mayor impacto social tiene una operación tan irregular como esta, tales como los asociados de cooperativas, los empleados la cantidad de funcionarios públicos y pensionados que fueron defraudados, los codeudores de pagarés y libranzas”.
“Si los controles fueron laxos procederemos a tomar medidas”, señaló Carrillo sobre el caso Estraval, sociedad intervenida en septiembre del año pasado después de que la Superintendencia de Sociedades encontrara graves irregularidades en el manejo que ésta hacía de las libranzas que administraba.
En días pasados, la Fiscalía capturó a siete directivos de esta empresa y los acusó por los delitos de captación masiva y habitual, estafa, administración desleal, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En palabras sencillas, Estraval compraba libranzas, que no son más que créditos que empleados o pensionados sacaban en sus cooperativas de trabajo para luego venderlos a sus inversionistas. Al ser estos créditos seguros, pues provenían de deudas que tenían como dolientes a personas con un salario (o una pensión) estable, tenían una buena rentabilidad.
El problema con esta operación es que los directivos de Estraval escondieron detrás del negocio aparentemente legal, operaciones financieras irregulares. La Fiscalía encontró que muchas de las libranzas no tenían un respaldo real, que muchos pagarés estaban en mora, vencidos o cancelados, y que Estraval solía vender una misma libranza a varios clientes, como si se tratara de productos distintos.
Por Redacción Judicial
