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La Procuraduría Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó la nulidad del proceso del ex senador Álvaro García, luego de que fuera reasumido por ese alto tribunal.
El ente de control advirtió que el retorno de del caso a la Corte es violatorio del debido proceso, por cuanto es de competencia exclusiva de los despachos ordinarios, si se tiene en cuenta que el dirigente ya no está cobijado por el fuero parlamentario.
El pronunciamiento obedece a una orden impartida por el mismo procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien señaló que no comparte la decisión de la alta corporación expuesta en una de sus jurisprudencias, según la cual continuaría oscultando la facultad de juzgar a los servidores que hayan renunciado a la investidura, cuando sean sospechosos de cometer delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
Para Ordóñez, el concierto para delinquir, que es el cargo común por el cual vienen siendo procesados los dirigentes presuntamente vinculados a la parapolítica, no tiene ninguna relación con las funciones que debían ejercer los parlamentarios, ex gobernadores, entre otros dirigentes, sindicados de mantener vínculos con las Autodefensas.
"No tenía cabida la aplicación del fuero pleno o especial de investigación y juzgamiento descrito en el parágrafo 235 de la Carta Política para prorrogarlo en este punto, por no tener relación los delitos mencionados, ni vínculo alguno con las funciones de parlamentario", sostiene el organismo, que considera que los delitos de homicidio simple y agravado, ni el peculado por apropiación a favor de terceros, están relacionados con las funciones de los ex legisladores.
Por Giovanni González
