Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En la tarde de este lunes 29 de septiembre se conoció que la Procuraduría General de la Nación decidió abrir formalmente pliego de cargos disciplinarios en contra de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por un presunto incremento irregular de su patrimonio durante el tiempo que fue diputado de la Asamblea del Atlántico. La investigación está relacionada con hechos a los que la Fiscalía también les está siguiendo ya la pista.
Por medio de un documento de 56 páginas, el Ministerio Público expuso las razones para iniciar la investigación en contra de Petro Burgos, durante el período en el que fue diputado: de enero de 2020 a agosto de 2023. La Procuraduría señala que el caso está relacionado con los señalamientos de que, al parecer, Petro Burgos habría desviado a sus bolsillos dinero entregado por Samuel Santander López Sierra y Gabriel “el Turco” Hilsaca para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Según la Procuraduría, Petro Burgos “se habría apropiado (del dinero) para sufragar sus gastos personales y la adquisición de bienes”, lo que habría configurado el presunto aumento injustificado de su patrimonio, en 2022. “Habría generado un aumento patrimonial no explicado, a favor propio y de la señora Dayssuris del Carmen Vásquez Castro, durante 2022; al parecer sus ingresos netos por la actividad económica como diputado habrían sido inferiores a los gastos realizados en ese período”, señaló el ente de control.
En la información recopilada por el Ministerio Público se detalla que en 2022, año de los hechos investigados, Petro Burgos “reportó actividades económicas relacionadas con su profesión de abogado”. Sin embargo, entre 2021 y 2023, cuando ya estaba en la Asamblea del Atlántico, no presentó la declaración de bienes y rentas ordenada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
A eso suma que, según las declaraciones que alimentan el expediente, para 2022 el hijo mayor del presidente Gustavo Petro “tuvo ingresos que no provenían de su actividad como diputado, sino que correspondían a la captación de recursos con destino a una campaña política, que no tuvieron el destino inicialmente planteado, ya que fueron utilizados para sufragar sus gastos en sociedad e incluso para enriquecerse con la adquisición de bienes”.
El “Turco” Hilsaca, reseña el documento de la Procuraduría, le habría entregado a Petro Burgos $400 millones en efectivo: $200 millones entre abril y mayo de 2022 y los $200 restantes el 22 de mayo del mismo año. El dinero, plantea el Ministerio Público, “en principio iría dirigido a la conocida campaña, pero, fue usado para fines distintos”. Entre los bienes que habrían sido adquiridos irregularmente está una casa en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico), que hace parte de las pistas de la investigación.
Para la Procuraduría, lo extraño en las finanzas del hijo del presidente Petro es que en ese año 2022, pese a que sus ingresos como diputado fueron de poco más de $219 millones, tuvo gastos superiores a los $1.409 millones. Una diferencia patrimonial de más de $1.189 millones que Petro Burgos no ha logrado justificar y que ahora la Procuraduría, igual que la Fiscalía, buscan esclarecer.
La decisión de la Procuraduría de abrir pliego de cargos disciplinarios contra Petro Burgos se da a solo dos días de que la Fiscalía General de la Nación le impute dos nuevos delitos: interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. También en medio del rifirrafe entre la fiscal Lucy Laborde, que lidera la investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que terminó tumbando recientemente el nombramiento de una fiscal de apoyo que había sido nombrada para el caso.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
