En el 2004, al parecer los ex funcionarios omitieron una obligación suya de "efectuar el examen y reconocimiento de los predios baldíos ubicados en la vereda tierra prometida, corregimiento de Paturia, municipio de Puerto Wilches", recuerda la Procuraduría.
La ley exige que una persona a la que se le adjudique un terreno baldío, debe demostrar que explota al menos dos tercios del terreno que solicita, y "que la explotación adelantada corresponde a la aptitud del suelo establecida por el INCODER en la inspección ocular".
Pero los ex funcionarios indicaron que los terrenos en cuestión estaban siendo explotados con cultivos de yuca, maíz, plátano y pasto para ganado, pero posteriormente se comprobó "en visita posterior", que los terrenos no estaban siendo explotados, y además que eran parte de un grupo de ciénagas.
"Las faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolo toda vez que los disciplinados incumplieron sus deberes en perjuicio de la política del INCODER de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, aunado al daño social y al mal ejemplo", indicó la Procuraduría.
Los funcionarios a los que la Procuraduría levantó pliego de cargos Jorge Armando Garzón Pinzón, Lia Margarita Gómez González, Javier de Jesús Ovalle Martínez, Yolima Cecilia Padilla Cabrera, Fredys Faustino Joya Rondano, Guillermo Rangel Martínez, Ernesto García Martínez y Enrique Antonio Sierra Sierra.
Por El Espectador
