Guillermo Grosso es una de las personas que más ha sonado durante la crisis del sector salud en Colombia. Fue presidente de Cafesalud e interventor del Grupo Saludcoop, dos entidades que durante los últimos años agonizaron hasta quedar en liquidación. Justamente por autorizar indebidamente pagos a la IPS sin que se hubiera validado la prestación del servicio de salud a sus afiliados mientras era agente de Saludcoop, la Procuraduría le profirió pliego de cargos.
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El Ministerio Público encontró que para 2015 Guillermo Grosso omitió el cumplimiento de la Resolución expedida por el Ministerio de Salud y Protección, y su obligación de reportar al Fondo de Solidaridad y Garantía, con lo que se pusieron en riesgo los recursos del Sistema General Social de Salud.
“Con su comportamiento, Grosso Sandoval posiblemente pasó por alto su obligación de verificar los montos autorizados para pagarse, entregar información veraz a la cartera de Salud, usar y destinar de forma correcta e idónea los dineros parafiscales, entre otras responsabilidades”, explicó el Ministerio Público por medio de un comunicado.
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Guillermo Grosso fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 12 años el pasado 28 de abril al concluir que tuvo una gestión deficiente mientras fue agente interventor de Saludcoop EPS, con lo que puso en riesgo a casi siete millones de personas.
La investigación del Ministerio Público arrojó que el exdirectivo, desatendió las directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social con relación al seguimiento de los indicadores de calidad y alertas tempranas, así como en la cobertura y acceso de los usuarios a la red prestadora de servicios de salud. Tampoco verificó el cumplimiento de los estándares mínimos de habilitación que debía tener esa misma red.
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Sin embargo, estas no son las únicas investigaciones que pesan en su contra. El pasado 25 de abril la Procuraduría le formuló pliego de cargos, por presuntamente autorizar el uso indebido de recursos destinados específicamente a la prestación del servicio de salud, para la adquisición de equipos de cómputo y comunicación, muebles de oficina y enseres a terceros.
Por otro lado, el pasado mes de marzo fue condenado por el Juzgado 25 Penal de Conocimiento de Bogotá a seis años de cárcel, luego de que se demostró que integró una organización criminal que sobornó a la exsuperintendente delegada para la vigilancia, Eva Katherine Carrascal, para que lo favoreciera a él y a sus socios, Jhon Alexánder Colmenares Russi y Javier Peña Ramírez, en trámites que los beneficiaron económicamente.
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