Durante la mañana de este 7 de julio, la Procuraduría General de la Nación adelanta una visita administrativa en el marco del nuevo lío de pasaportes colombianos. Mientras la canciller Laura Sarabia considera que a partir del próximo 1 de septiembre la empresa Thomas Greg & Sons debe seguir produciendo los pasaportes, a través de un contrato transitorio, el nuevo jefe de Despacho, Alfredo Saade, ha dicho que por solicitud del presidente Petro es necesario avanzar el contrato con el gobierno de Portugal, los nuevos contratistas.
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Según explicó Laura Sarabia en una publicación en su cuenta oficial de X, antes Twitter, la visita de la Procuraduría hace parte de una estrategia del órgano de control para realizar vigilancia preventiva en la entidad. “Brindaremos toda la colaboración requerida y atenderemos debidamente todos los requerimientos”, señaló Sarabia. El desencuentro gubernamental ha dejado dudas sobre el futuro del trámite de expedición de pasaportes para los colombianos.
Laura Sarabia renunció a su cargo el pasado 3 de julio, en medio de los desencuentros con el alto gobierno por el caso de los pasaportes. De ello se sabe que su antecesor, Luis Gilberto Murillo, firmó en octubre pasado un acuerdo de 10 años con el gobierno de Portugal para producir los nuevos pasaportes, con ayuda de la Imprenta Nacional, a partir de este 1 de septiembre. Sin embargo, Sarabia ha dicho públicamente que ninguno de los dos contratistas, el extranjero y el estatal, estaría en capacidad para asumir las actividades.
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De hecho, Sarabia anunció a finales del mes pasado que la Cancillería implementaría una etapa transitoria para la expedición de pasaportes, con la firma Thomas Greg & Sons, mientras los nuevos contratistas definen su capacidad para operar. Esta etapa transitoria constaría de 11 meses. Sin embargo, el nuevo jefe de Despacho, Alfredo Saade, quien ha contado con todo el apoyo del presidente Gustavo Petro, desautorizó esa decisión y aseguró que, a partir de septiembre, será el gobierno Portugués el que asuma las actividades.
Mientras Saade ha asegurado que la Imprenta Nacional está lista y que “han querido opacarla”, Sarabia en su carta de renuncia agregó que “se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, dio a conocer a los colombianos.
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Así las cosas, la Procuraduría adelantará una visita administrativa, de la cual saldrá un informe que podría tener fines disciplinarios dependiendo de lo que encuentre. En el mejor de los casos, el órgano de control hará la salvedad de que la entidad ha actuado en el marco de la garantía de los derechos de los colombianos y solo emite un informe con recomendaciones preliminares. En todo caso, las instancias de control siguen poniendo sus ojos sobre el tema.
En noviembre del año pasado, de hecho, la misma Procuraduría sancionó con una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años al excanciller Álvaro Leyva por sus actuaciones para tumbar el contrato de pasaportes que, en 2023, estaba a punto de ser entregado de nuevo a Thomas Greg & Sons. De acuerdo con el órgano disciplinario, Leyva no cumplió con sus funciones como Canciller y puso en riesgo la posibilidad de los colombianos a acceder al servicio de pasaportes. Leyva no otorgó el contrato, el cual había sido gestionado en su mayoría por el secretario José Antonio Salazar, pues encontró que su entidad se lo estaba entregando con comodidad, incumpliendo las reglas de la sana competencia en la contratación estatal.
Sin embargo, para la Procuraduría, Álvaro Leyva no cumplió con una justificación válida para terminar el contrato de pasaportes, sobre todo cuando el mismo comité evaluador de la Cancillería, un equipo técnico especializado, dio vía libre al proceso licitatorio. Para el procurador Ernesto de Jesús Espinosa, el pliego de condiciones de la licitación, reglas para las cuales concursaron las empresas interesadas, no favorecían a Thomas Greg & Sons. Al contrario, lo que hubo, según la Procuraduría, fue una planificación insuficiente por parte de la Cancillería, lo cual es una conducta más omisiva que corrupta.
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