Procuraduría impulsa tutela para que se corrijan cifras sobre población afro del censo de 2018
Organizaciones sociales que representan a la comunidad afrocolombiana del país piden que se le ordene al DANE corregir la estadística que presentó en 2018 y que refiere una alarmante disminución de esta población.
La Procuraduría General de la Nación apoyó una tutela presentada por organizaciones del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, para que sean corregidas las estadísticas de los resultados del censo de 2018, realizado por el DANE, en el cual se registró una disminución abrupta de esta población en el territorio nacional.
En la acción, que fue presentada ante el juez Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá, las organizaciones sociales y el Ministerio Público pidieron el amparo de los derechos a la igualdad y no discriminación, derechos económicos sociales y culturales y el respeto a la diversidad étnica y cultural vulnerados por una omisión estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (Lea también: Admiten acción de tutela por disminución de censo de población afro en 2018)
El censo de 2018 dio como resultado una población de 2.982.224 de afrocolombianos, mientras que el reporte de 2005 fue de 4.311.757, lo que significa una disminución del 30,8%, que tendría origen en deficiencias en la operación censal, limitaciones en el diseño y aplicación de la pregunta de auto reconocimiento étnico – racial.
En su momento, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, explicó que, mientras que en las zonas rurales el autorreconocimiento aumentó, en las zonas urbanas pudo haber problemas de autorreconocimiento debido a fallas a la hora de hacer la pregunta, suposiciones del censista o simplemente que en los “contextos urbanos las personas no quisieron ejercer su derecho de autorreconocimiento”
Reconociendo eso, el DANE tuvo en cuenta otras fuentes de información, como la Encuesta de Calidad de Vida que hace la misma entidad (usando la estadística Tau-B de Kendall), para cruzar los datos. Con eso, fue posible hacer una estimación de la población afro en el país de 4,6 millones de habitantes (cifra oficial), es decir, el 9,34 % de la población del país.
Sin embargo, la Procuraduría y los demás tutelantes enfatizaron en que esta situación impide un adecuado diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y programas con enfoque étnico racial, con miras a atacar la discriminación que han enfrentado por siglos los afrocolombianos. Piden que se le ordene al DANE que en la próxima Encuesta Nacional de Calidad de Vida se realice la corrección estadística.
Aseguran que de esa manera se podrían superar las dificultades logísticas, aplicando la debida capacitación y sensibilización del personal involucrado en su aplicación, y ampliando la muestra para que sea representativa a nivel territorial. (Le puede interesar: Estos son los 39 nominados en Afrocolombianos del Año 2020))
En su coadyuvancia la Procuraduría enfatizó en la procedencia de la acción de tutela y el deber del Estado colombiano de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos a través de instrumentos como la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial y la Declaración de Durban, que exigen la superación del patrón de invisibilización histórica, a través de cifras fiables que sustenten la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de medidas positivas que permitan medir el avance o retroceso en la garantía de los derechos.
La Procuraduría General de la Nación apoyó una tutela presentada por organizaciones del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, para que sean corregidas las estadísticas de los resultados del censo de 2018, realizado por el DANE, en el cual se registró una disminución abrupta de esta población en el territorio nacional.
En la acción, que fue presentada ante el juez Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá, las organizaciones sociales y el Ministerio Público pidieron el amparo de los derechos a la igualdad y no discriminación, derechos económicos sociales y culturales y el respeto a la diversidad étnica y cultural vulnerados por una omisión estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (Lea también: Admiten acción de tutela por disminución de censo de población afro en 2018)
El censo de 2018 dio como resultado una población de 2.982.224 de afrocolombianos, mientras que el reporte de 2005 fue de 4.311.757, lo que significa una disminución del 30,8%, que tendría origen en deficiencias en la operación censal, limitaciones en el diseño y aplicación de la pregunta de auto reconocimiento étnico – racial.
En su momento, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, explicó que, mientras que en las zonas rurales el autorreconocimiento aumentó, en las zonas urbanas pudo haber problemas de autorreconocimiento debido a fallas a la hora de hacer la pregunta, suposiciones del censista o simplemente que en los “contextos urbanos las personas no quisieron ejercer su derecho de autorreconocimiento”
Reconociendo eso, el DANE tuvo en cuenta otras fuentes de información, como la Encuesta de Calidad de Vida que hace la misma entidad (usando la estadística Tau-B de Kendall), para cruzar los datos. Con eso, fue posible hacer una estimación de la población afro en el país de 4,6 millones de habitantes (cifra oficial), es decir, el 9,34 % de la población del país.
Sin embargo, la Procuraduría y los demás tutelantes enfatizaron en que esta situación impide un adecuado diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y programas con enfoque étnico racial, con miras a atacar la discriminación que han enfrentado por siglos los afrocolombianos. Piden que se le ordene al DANE que en la próxima Encuesta Nacional de Calidad de Vida se realice la corrección estadística.
Aseguran que de esa manera se podrían superar las dificultades logísticas, aplicando la debida capacitación y sensibilización del personal involucrado en su aplicación, y ampliando la muestra para que sea representativa a nivel territorial. (Le puede interesar: Estos son los 39 nominados en Afrocolombianos del Año 2020))
En su coadyuvancia la Procuraduría enfatizó en la procedencia de la acción de tutela y el deber del Estado colombiano de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos a través de instrumentos como la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial y la Declaración de Durban, que exigen la superación del patrón de invisibilización histórica, a través de cifras fiables que sustenten la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de medidas positivas que permitan medir el avance o retroceso en la garantía de los derechos.