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La Procuraduría ordenó abrir una indagación previa en contra de algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda, por presuntas irregularidades en la forma como se expidió el decreto con el que se estableció el Presupuesto General de la Nación para este año. El ente de control espera determinar si se omitieron pasos dentro del proceso normativo para asignar los $13 billones.
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Según habrían dado a conocer medios de comunicación, existiría material que probaría las presuntas anomalías dentro de la clasificación y definición de los gastos al interior del documento. Por ello, la entidad también investigará los motivos por los que inicialmente se había dicho que no había claridad sobre a que serían destinados los recursos, así como si se incorporaron, dentro de la versión final del presupuesto, los cambios realizados en el proceso legislativo.
En el proceso se revisará el Decreto 2295 de 2023, en el cual se encuentran los gastos presupuestados para 2024, además de varios documentos de carácter técnico y normativo que fueros fusionados en uno solo. El ente de control considera que con esta última decisión podría haber ido en contra de los lineamientos del Estatuto Orgánico de Presupuesto, que establecen como se debe emitir el mismo.
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Sumado a esto se indagará el acta que se debió gestionar desde la secretaría técnica del Consejo de Ministros, pero que al parecer no se realizó a tiempo debido a que los funcionarios desconocían que tenían esta responsabilidad. Según expuso el ente de control, esto habría generado la perdida de algunas conclusiones sobre la expedición del presupuesto. Con esto, la entidad espera determinar si se cometió una falta disciplinaria y quienes son los implicados en el caso.
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