La Procuraduría abrió una indagación previa para establecer qué funcionarios de Ecopetrol habrían participado de la modificación de un millonario contrato, al parecer, sin autorización de la junta directiva. Se trata de un negocio que, al parecer de manera irregular, terminó sirviendo para interceptar comunicaciones internas a funcionarios de la entidad.
El Ministerio Público explicó que el contrato en cuestión se firmó con la firma Covington & Burling LLP, por un monto cercano a los $5 millones de dólares, “para realizar un análisis de riesgos reputacionales del presidente de la compañía”. Sin embargo, dice el comunicado, habría sido modificado por funcionarios de Ecopetrol para interceptar comunicaciones internas.
La Procuraduría señaló que 70 altos funcionarios de Ecopetrol, incluyendo miembros de la junta directiva, “habrían sido objeto de un procedimiento de retención y preservación de comunicaciones e información digital y física”, el cual estaría asociado al contrato celebrado con la compañía extranjera.
“El órgano de control busca confirmar o descartar la presunta irregularidad cometida, así como identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una investigación disciplinaria”, agregó el Ministerio Público, que de pasó anunció que realizará una inspección a las instalaciones de Ecopetrol.
Según el diario El Tiempo, Ecopetrol firmó el contrato con la empresa estadounidense Covington & Burling LLP para evaluar los efectos en Estados Unidos de las investigaciones que involucran Ricardo Roa, presidente de la compañía, incluyendo la investigación por la presunta violación de los topes de financiación en la campaña presidencial 2022, en la que fue gerente de la campaña.
Aunque el contrato tenía un valor inicial de $875.000 de dólares por una asesoría, Ecopetrol terminó firmando un otrosí de $5 millones en la noche del 31 de diciembre pasado.
Con un otrosí, el monto y objeto del contrato con la firma estadounidense habría pasado de los US$875.000 (por una asesoría) a US$5,8 millones (por una investigación) en la noche del 31 de diciembre pasado. En medio de la polémica de la semana, Guillermo García Realpe, presidente de la junta directiva, aseguró en W Radio que la empresa no ha pagado ni pagará esa cantidad.
García agregó que la junta suspendió el otrosí, “delicado, grave y abusivo”, que habría sido firmado por un funcionario de la compañía, pero no aprobado por la junta (aunque el funcionario habría dicho que sí contaba con el visto bueno de este organismo).
Además de la Procuraduría, la Contraloría ya le pidió explicaciones a Ecopetrol por el cuestionado contrato. La entidad fiscal solicitó a la compañía que entregue toda la información técnica y documental relacionada con contratos e inversiones que involucren recursos públicos, incluyendo la carpeta de Covington & Burling LLP. Según la carta de la Contraloría, esta medida busca garantizar la transparencia en el manejo del patrimonio público y el cumplimiento de la normatividad vigente.
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