La Procuraduría tiene en el ojo a la Corporación Autónoma Regional del Cauca y a los Ministerios del Interior y de Ambiente, por presunta malversación de recursos públicos. En este caso, por la firma de contratos cuyo valor sería “desproporcionado” en comparación con las actividades realizadas con indígenas del Cauca.
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Se tratan de dos convenios avaluados en alrededor de $30.000 millones que tienen a las tres entidades de Gobierno bajo indagación previa. El primero de ellos, por cerca de $4.900 millones, fue firmado con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), para adelantar acciones de conservación, mitigación y adaptación al cambio climático en territorios indígenas.
De otro lado, la Procuraduría indaga en un acuerdo del Ministerio del Interior, por $25.000 millones, cuyo propósito fue ayudar a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con el fortalecimiento de sus saberes políticos, culturales y espirituales.
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“Al parecer se habrían presentado posibles irregularidades en la selección del personal que debía ejecutar las actividades, ya que en la definición de los perfiles se fijaron requisitos específicos cuyos costos aparentemente serían desproporcionados”, señaló la Procuraduría.
Asimismo, el órgano de control tiene pistas de que, en algunas actividades puntuales de ese contrato, se les habría asignado un presupuesto elevado en comparación con las acciones que se debían desarrollar. La Procuraduría solicitó copia de los convenios suscritos, así como información de los funcionarios vinculados que participaron en la elaboración de los documentos.
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