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La Procuraduría General inició una indagación previa por las presuntas irregularidades en varios contratos del Fondo de Adaptación, que superarían los COP 100 mil millones, pero que tendrían hasta el momento el 0% de ejecución. El ente de control puso la lupa en el tema tras las denuncias de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y actual gerente encargada del fondo, Angie Rodríguez.
Según la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, en concreto se está revisando lo relacionado con “los negocios jurídicos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del arroz, con montos que sumados superarían los COP 100 mil millones”.
Asimismo, el Ministerio Público sostuvo que “también se validarán las denuncian sobre posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades, para la adjudicación del contrato”. En dichos beneficiados, según las denuncias, estaría involucrada la Fundación San José, misma que entregó cuestionados títulos a Juliana Guerrero.
El ente de control puntualmente busca determinar “la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas”.
Contraloría también investiga
Por su parte, la mayor autoridad en temas fiscales abrió su propia indagación previa por las denuncias de la directora del Dapre. Ese ente de control revisa la ejecución de los recursos públicos destinados a “la atención de los efectos del Fenómeno de La Niña 2010-2011, a las afectaciones sucedidas en La Mojana y otros”.
La Procuraduría señala que las denuncias de la directora del Dapre dan cuenta de “un nivel de ejecución presupuestal notablemente bajo en áreas de vital importancia para las comunidades, destacando la baja inversión de recursos para resolver los problemas de inundación en La Mojana”. En ese caso, la denuncia de Angie Rodríguez apunta a que la ejecución de los contratos solo llega al 3 %.
La falta de ejecución, según las denuncias, aumenta el riesgo de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dada la baja ejecución, exija la devolución de aproximadamente COP 235 mil millones. Dentro de las acciones anunciadas por la Contraloría, están la apertura de una o varias indagaciones “a efectos de determinar, objetivamente, si los hechos expuestos podrían constituir un presunto daño Fiscal y, si ameritan o no, la apertura de un proceso de Responsabilidad Fiscal respecto de la ejecución de recursos públicos destinados a la atención de los efectos del Fenómeno de La Niña, a las afectaciones sucedidas en La Mojana y otros”.
Según las denuncias hechas por Angie Rodríguez, hay retrasos en la realización de estudios y diseños urgentes e indispensables “para poder iniciar las obras de protección y solución definitiva a los problemas de La Mojana, afectando a más de 400.000 personas ubicadas en 11 municipios de ésta”.
Asimismo, el ente de control reviso los señalamientos sobre algunas inversiones que la directora del Dapre calificó de “cuestionables”, porque, supuestamente, no contribuyen a la solución estructural de los contratos. Entre los cuestionamientos de Rodríguez está la Plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz y la Investigación Hidrodinámica.
En sus denuncias, Rodríguez cuestionó directamente la gestión de su antecesor en la gerencia del fondo, Carlos Carrillo, y afirmó que esta información “se radicó ante la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la Nación y Procuraduría General de la Nación para que se investiguen estos hechos y el país conozca esta situación”.
Por su parte, Carrillo, quien actualmente es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), asegura que tiene como demostrar la transparencia de su trabajo cuando estuvo en el fondo. Además, asegura que los señalamientos que se hace ahora en su contra estarían relacionados con temas políticos y sentidas diferencias con otros integrantes del gobierno de Gustavo Petro, como el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Además, sostuvo que estaba dispuesto a dar toda la información necesaria para que la directora del Dapre rectifique la información “tendenciosa, errónea y mal intencionada” que divulgó públicamente, asegurando que Rodríguez se había extralimitado en sus funciones al utilizar el canal de presidencia para dicho acto.
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