Procuraduría inicia investigaciones por alza de servicios públicos en la pandemia
Las pesquisas se adelantan sobre las actuaciones de los servidores de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión Reguladora de Energía y Gas.
Luego de múltiples críticas de los ciudadanos por presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia generada por la propagación del COVID-19, el Ministerio Público abrió una indagación preliminar al interior de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión Reguladora de Energía y Gas.
El aumento de los recibos públicos ha originado protestas en varias localidades de Bogotá y múltiples quejas en redes sociales de los usuarios. “El recibo de agua me llegaba en $25.000 y subió a $75.000 en un mes. En la casa solo trabaja una persona, nos ganamos $200.000 y de ahí nos toca sacar para estos recibos”, dijo una habitante de Usme, en Bogotá, en días pasados.
La Procuraduría señaló que se busca establecer los controles y actuaciones que han desplegado dichas entidades ante las denuncias y se previeron estrategias para garantizar que la facturación corresponda a los consumos reales de los ciudadanos y que no esté definida por mediciones del promedio del consumo antes de la pandemia. En ese sentido, se ordenaron una serie de pruebas para “verificar la ocurrencia de las conductas, identificar los posibles responsables y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria”.
En ese sentido, por presuntos cobros excesivos en las tarifas de energía, la Procuraduría también abrió indagación preliminar contra funcionarios de las empresas de servicios públicos de energía de Cundinamarca, en las provincias de Sumapaz, Gualivá y Guavio; la Sociedad Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP, y el municipio de Santuario, Risaralda.
El Ministerio Público dijo que se trasladó a la Superintendencia Delegada de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas las quejas formuladas contra Codensa y/o Enel, “por la facturación a los usuarios de Bogotá de valores que no hacen parte del servicio, además de costos con incrementos que no estarían justificados”. Lo mismo sucedió por quejas en Emcali (Valle) y las Empresas Municipales de Cartago.
“También dio traslado de las quejas contra Celsia S.A. ESP, en Tolima, porque al parecer, habría promediado el consumo a cerca de 60.000 clientes para fijarles una tarifa, que, en muchos casos, superaría el 30%. Contra Electricaribe, en la Costa Atlántica, por presunto incremento exagerado en la facturación del servicio público de energía, entre los meses de marzo y abril de 2020.
Luego de múltiples críticas de los ciudadanos por presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia generada por la propagación del COVID-19, el Ministerio Público abrió una indagación preliminar al interior de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión Reguladora de Energía y Gas.
El aumento de los recibos públicos ha originado protestas en varias localidades de Bogotá y múltiples quejas en redes sociales de los usuarios. “El recibo de agua me llegaba en $25.000 y subió a $75.000 en un mes. En la casa solo trabaja una persona, nos ganamos $200.000 y de ahí nos toca sacar para estos recibos”, dijo una habitante de Usme, en Bogotá, en días pasados.
La Procuraduría señaló que se busca establecer los controles y actuaciones que han desplegado dichas entidades ante las denuncias y se previeron estrategias para garantizar que la facturación corresponda a los consumos reales de los ciudadanos y que no esté definida por mediciones del promedio del consumo antes de la pandemia. En ese sentido, se ordenaron una serie de pruebas para “verificar la ocurrencia de las conductas, identificar los posibles responsables y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria”.
En ese sentido, por presuntos cobros excesivos en las tarifas de energía, la Procuraduría también abrió indagación preliminar contra funcionarios de las empresas de servicios públicos de energía de Cundinamarca, en las provincias de Sumapaz, Gualivá y Guavio; la Sociedad Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP, y el municipio de Santuario, Risaralda.
El Ministerio Público dijo que se trasladó a la Superintendencia Delegada de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas las quejas formuladas contra Codensa y/o Enel, “por la facturación a los usuarios de Bogotá de valores que no hacen parte del servicio, además de costos con incrementos que no estarían justificados”. Lo mismo sucedió por quejas en Emcali (Valle) y las Empresas Municipales de Cartago.
“También dio traslado de las quejas contra Celsia S.A. ESP, en Tolima, porque al parecer, habría promediado el consumo a cerca de 60.000 clientes para fijarles una tarifa, que, en muchos casos, superaría el 30%. Contra Electricaribe, en la Costa Atlántica, por presunto incremento exagerado en la facturación del servicio público de energía, entre los meses de marzo y abril de 2020.