La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Hollman Morris Rincón, gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC. El caso tiene que ver con presuntas irregularidades en el uso de medios de comunicación estatales para favorecer agendas políticas afines al Gobierno de Gustavo Petro.
La decisión fue adoptada con el fin de establecer si desde la dirección de RTVC se impartieron directrices o se desarrollaron actuaciones que pudieran comprometer los principios de imparcialidad y neutralidad que rigen la función pública.
La investigación contra Morris se originó tras una queja presentada ante la Procuraduría el pasado 26 de mayo: “Por medio del presente escrito formulo denuncia disciplinaria contra el servidor público Hollman Morris, en su condición de gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos, por la presunta comisión de faltas disciplinarias gravísimas derivadas de la utilización de medios estatales de comunicación para el favorecimiento sistemático de agendas políticas y actores ideológicamente afines al Gobierno nacional, particularmente respecto de contenidos y narrativas relacionadas con el senador Iván Cepeda Castro”.
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Como parte de las pruebas decretadas dentro de la actuación disciplinaria, el Ministerio Público solicitó a RTVC informar si desde la gerencia de la entidad se han emitido comunicaciones o instrucciones relacionadas con el cubrimiento de noticias de carácter político.
“Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinariao se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria”, explicó el Ministerio Público.
La lista de funcionarios públicos bajo la lupa por presunta participación indebida en política
En los últimos días, la Procuraduría ha emitido varias decisiones que incluyen investigaciones y suspensiones contra funcionarios públicos por presunta participación indebida en política.
La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez Uribe, fue una de las primeras sancionadas. El pasado 13 de mayo, el Ministerio Público la suspendió provisionalmente por presuntamente haber participado en política al promover la candidatura presidencial de Iván Cepeda en la televisión nacional durante una entrevista en Puerto Príncipe.
A esta decisión le siguió la investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también por presunta participación en política, el pasado 25 de mayo. El ente de control, entre otras cosas, revisa un video en el que se ve a Jaramillo diciendo que “hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”.
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Luego, el 31 de mayo, fecha de la primera vuelta presidencial, la entidad abrió una investigación disciplinaria en contra del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por la misma razón. Según el auto mediante el cual el Ministerio Público oficializó la investigación disciplinaria contra el alto funcionario del gobierno Petro, los hechos ocurrieron durante la apertura de un puesto de votación en Valledupar (Cesar), evento al que asistió el ministro como representante del Ejecutivo.
Ese mismo día fue suspendida de forma provisional Latia Sindy Castillo Muñoz, alcaldesa de El Paujil (Caquetá), a quien se le abrió una investigación disciplinaria por una presunta participación indebida en política a favor del candidato presidencial Iván Cepeda. La medida estará vigente, en principio, hasta el próximo 21 de junio, fecha prevista para una eventual segunda vuelta presidencial.
El siguiente en la lista fue el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade Vergel. Por presunta participación indebida en política, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria y lo suspendió provisionalmente el pasado 2 de junio. La decisión se basó en que Saade habría utilizado la red social X, en la que se identifica como embajador de Colombia en Brasil, para “generar su apoyo en favor de una campaña política y hacer parte de la controversia que la actual campaña suscita”.
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La última investigación conocida, antes de la de Hollman Morris, fue la de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El funcionario fue suspendido de forma provisional y se le inició una investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política relacionada con recientes declaraciones sobre la campaña presidencial.
La decisión del Ministerio Público, del pasado 2 de junio, se dio tras las declaraciones de Carrillo en medios de comunicación, donde señaló que el presidente Gustavo Petro “quiere un país más justo y es lo que hemos venido haciendo en este gobierno, y por supuesto que entiendo la preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia. Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, pues es entendible la preocupación del presidente”.
El director Carlos Carrillo, al igual que otros funcionarios, permanecerá suspendido hasta las cuatro de la tarde del 21 de junio de 2026, momento en el que cerrarán las votaciones de la segunda vuelta presidencial.
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