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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra de los directivos de la Unidad Nacional de Protección, luego de conocer que la entidad transportó disidentes de las FARC que tenían órdenes de captura vigentes, además quienes al parecer, portaban ilegalmente armas y una cantidad de dinero que ascendían los 90millones de pesos. Ente los capturados se encontraban miembros de la mesa de negociación que el Gobierno reconoció como socializadores de paz del Estado Mayor Central. por parte de esa organización armada ilegalmente.
Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron estos hechos...si bien es cierto, al parecer, el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no descartamos indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes en los mismos
Lucila Mercedes Vidal Luque, Directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación.
El escándalo de la UNP ha generado incógnitas que la Procuraduría pretendería resolver a raíz del uso de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección y las empresas con contratos tercerizados que prestaron el servicio de seguridad a los disidentes de las FARC que estaban siendo transportados en las caravanas de la Unidad por presunta violación de los protocolos en su esquema de seguridad.
La inspección disciplinaria por parte de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, pretende identificar cuáles funcionarios públicos incumplieron los manuales y protocolos que regulan los esquemas colectivos de protección, además recaudaron pruebas documentales que permitirán establecer cuál era el vínculo entre los agentes que brindaron el servicio de protección, para poder esclarecer la posible responsabilidad en los hechos y en la legalidad de la existencia, al interior de los vehículos, de los elementos que hoy son materia de investigación como son armas de fuego, municiones, dinero entre otros.
Las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y de la Unidad Militar del municipio de Bello serán inspeccionadas para determinar posibles conductas disciplinarias en la que hubiesen podido incurrir funcionarios públicos y además, directivos de las entidades involucradas.
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