La Procuraduría abrió una indagación previa para determinar la posible responsabilidad de miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de directivos del centro de reclusión El Pedregal, en Medellín (Antioquia), luego de que se denunciara un presunto uso excesivo de la fuerza durante un operativo de registro y control.
Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero, cuando, según testimonios de las privadas de la libertad, las autoridades penitenciarias habrían empleado fuerza desproporcionada contra las internas, dejando al menos 30 mujeres heridas, algunas de ellas de gravedad.
De acuerdo con los relatos recopilados por la Procuraduría, se habría utilizado de manera indiscriminada gases lacrimógenos en espacios cerrados, lo que generó cuadros de asfixia y afectaciones respiratorias a varias reclusas. Además, se denunciaron agresiones físicas, golpes y trato violento contra personas que se encontraban en estado de indefensión.
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Tras las denuncias, la Procuraduría realizó una visita a la cárcel El Pedregal, el pasado 27 de febrero, en la que constató que varias de las mujeres heridas no habían sido remitidas a centros de salud externos para recibir atención médica especializada. Asimismo, se evidenció que la Policía Judicial del Inpec no había acudido al penal para recibir las denuncias de las reclusas afectadas, generando preocupación por la posible omisión en la garantía de sus derechos fundamentales.
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el preocupante estado de las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios del país, en especial en cárceles como El Pedregal, donde han sido recurrentes las denuncias por malos tratos y hacinamiento. En enero, la Corporación Mujeres Libres denunció un aberrante caso de presunta violencia sexual e inducción al aborto en el centro carcelario. Según el testimonio de la reclusa, los hechos se presentaron en agosto y septiembre de 2024.
Como parte de la investigación actual, la delegada para la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos de violencia y la eventual responsabilidad de los funcionarios del Inpec implicados. Entre las acciones previstas se encuentran inspecciones en la cárcel El Pedregal y en la oficina de Control Interno del Inpec.
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