La Procuraduría abrió una investigación en contra de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez Cortés, por su presunta responsabilidad en los hechos que llevaron a que Colombia perdiera la oportunidad de ser la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por no pagar a tiempo una cuota del contrato con los organizadores del evento deportivo.
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De acuerdo con la investigación previa del Ministerio Público, el trabajo de Rodríguez Cortés habría ocasionado un posible detrimento del patrimonio público y, además, que habría cometido varias omisiones que llevaron a que Panam Sports Organization, los encargados de la organización del certamen, decidieran quitarle al país la sede de los juegos, que estaban planeados para que ocurrieran en Barranquilla.
Con la orden de abrir la investigación, la Procuraduría también ordenó la práctica de pruebas “con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, para determinar si constituyen faltas disciplinarias, el posible perjuicio causado y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, explicó la entidad.
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Lo que encontró el Ministerio Público en sus indagaciones preliminares es que la génesis de la polémica fue el pago de US$8 millones de dólares a Panam Sports Organization que terminó embolatado durante el segundo semestre de 2023. Según el auto con el que la Procuraduría abrió la investigación, esa transacción debía ocurrir en diciembre pasado y enero de este año.
Las fechas quedaron pactadas en reuniones y cartas que se intercambiaron los organizadores del evento y autoridades colombianas, en noviembre pasado, pues Colombia había incumplido dos pagos que, en teoría, debían haberse hecho entre julio y octubre de 2023. Por esa razón, Panam Sports Organization aceptó recibir el dinero finalizando el año.
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Sin embargo, llegó el día del pago, el 30 de diciembre de 2023, y la transacción no ocurrió. Lo que la Procuraduría logró evidenciar es que el Ministerio del Deporte nunca le pidió ese dinero al Ministerio de Hacienda, pese a que la propia ministra Rodríguez le había asegurado al comité organizador, el 7 de noviembre de 2023, que sí tenía los US$8 millones de dólares-
Además, según las pruebas que ha recopilado hasta ahora el Ministerio Público, había otra serie de inconsistencias en el gasto del presupuesto de la cartera que dirige Astrid Rodríguez. Con estos indicios en mano, la Procuraduría decidió abrir la investigación en contra de la ministra quien, desde el comienzo de la polémica, ha dicho que cumplió todos sus deberes.
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