El caso de una menor de edad del pueblo indígena nukak makú que habría sido violentada sexualmente por dos miembros del Ejército aterrizó en la Procuraduría. La adolescente de 15 años denunció desde el año pasado que uniformados de la base militar de San José del Guaviare la retuvieron por casi una semana forzándola a tener relaciones sexuales. La Fiscalía ya está al frente de la investigación penal y, ahora, la Procuraduría anunció que abrió una investigación disciplinaria contra ocho suboficiales posiblemente implicados en los hechos.
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Según el Ministerio Público, los suboficiales del Batallón de Infantería general Joaquín París serán investigados por su posible relación con la retención ilegal y violencia sexual que sufrió la joven de 15 años, en hechos ocurridos en septiembre de 2019. Entre los que están bajo la lupa de la Procuraduría se encuentran el sargento segundo Jhon Alex Trujillo Torres, el cabo tercero Diony Santos León, y los soldados Cristian Albeiro Fernández Montoya, Ómar Duván Martínez Quintero, José Fernando Ramírez Rentería, Andrés Alfonso Ortiz Muñoz, José Luis Mendoza Castañeda y Dariem Leonardo Sánchez Sierra.
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Aunque el propio Batallón General Joaquín París, es decir los superiores de los presuntos responsables, habían iniciado una indagación disciplinaria, ahora la Procuraduría invocó su poder preferente para asumir el proceso. Las investigaciones les fueron encargadas a la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos Humanos. El Ministerio Público también reveló que la Procuraduría regional de Guaviare ya venía adelantando una investigación por estos mismos hechos.
Según la denuncia conocida por la Procuraduría, de forma confidencial en un primer momento, una joven de 15 años perteneciente al asentamiento La Esperanza, resguardo de la comunidad Nukak Makú ubicado en la vereda Charras (San José del Guaviare), habría sido llevada por un hombre del Ejército de una tienda a la base militar. Allí habría sido retenida en una habitación, donde fue violada tanto por el hombre que la raptó como por otra persona. La menor de edad estuvo allí por cuatro días hasta que logró escapar.
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En medio de las pesquisas, la Procuraduría ya pidió como parte del material probatorio la copia de labores preventivas y procesos administrativos adelantados por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). De igual manera, se le solicitó a la Fiscalía copia de los actos de investigación que ha desplegado para esclarecer estos hechos, que se suman a otros tres que hay andando de presunta violencia sexual contra menores de edad nukak makú a manos de militare en el Guaviare, según reveló la vicefiscal Martha Mancera este fin de semana.
Precisamente en la jornada de este sábado, el ente acusador reveló que tenía conocimiento de la situación a los pocos días de haber ocurrido los hechos y que desde entonces se estaban adelantando las pesquisas sobre el presunto acto de violencia sexual en contra de la menor de edad. Asimismo, reveló que se había enviado un equipo con un antropólogo y psicólogo forense para adelantar actividades de campo que arrojaron como resultado más casos de violencia sexual contra este pueblo indígena.
