Procuraduría, lista para emitir fallo en caso de la Triple A
Después de ocho meses de investigación, hoy se conocerá la decisión en contra de Ramón Navarro Pereira, Julia Margarita Serrano Monsalvo y Ramón Heráclito Hemer Redondo, exdirectivos de la empresa por supuestas irregularidades en contratación.
Redacción Judicial
A las las 9 de la mañana de este 13 de noviembre se conocerá el fallo disciplinario en contra de Ramón Navarro Pereira, Julia Margarita Serrano Monsalvo y Ramón Heráclito Hemer Redondo, gerentes de Triple A. Los tres son investigados por supuestas irregularidades en la suscripción de un contrato firmado con Inassa en Colombia para prestar servicios de alcantarillado y acueducto.
En marzo de este año, cuando la Procuraduría citó a audiencia pública a los tres gerentes generales de Triple A, en la investigación disciplinaria que se desarrolló se estableció que la empresa española, desde el año 2000, venía pagando a Inassa una remuneración, por el contrato, de $1.600 millones, es decir más de $19.000 millones anualmente.
(Lea:Las claves para entender el caso Inassa)
Ese dinero, presuntamente, habría sido para pagar contratos y servicios que no se necesitaban o que nunca se realizaron. La Fiscalía también está detrás de estas supuestas maniobras ilegales que habrían sido efectuadas con dineros públicos de la costa Atlántica.
De qué se trató el contrato
El contrato consistió en “la prestación de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”. Por estos servicios, la Triple A se comprometió a remunerar a Inassa mensualmente con el 4.5% del recaudo que ingresaban al patrimonio de la sociedad.
El caso, hasta ahí, no presentaba ninguna irregularidad pues a ese acuerdo fue al que llegaron las partes. Sin embargo, la Procuraduría encontró que ninguno de esos servicios se realizó. Tras el hallazgo, el Ministerio Público formuló cargos a los implicados por haber permitido que Inassa se apropiara de recursos que, en parte, eran de propiedad del distrito de Barranquilla.
(En contexto: Operación Lezo: un escándalo que no se detiene)
En otras palabras, la Triple A autorizó estos pagos con el dinero del cual el distrito de Barranquilla tiene el 14,5% de derechos accionarios. “La falta imputada a los representantes legales de la Triple A consiste en apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, señaló la Procuraduría, en referencia a los tres exfuncionarios llamados a juicio disciplinario.
(Le puede interesar: Eslabón de Inassa sería extraditado)
Según los documentos del Ministerio Público, este contrato sigue vigente, pero ya tiene la estricta vigilancia del ente de control. Por la antigüedad del acuerdo, no es claro cuánto es el total del dinero que se desvió irregularmente hacia España, que sería mucho mayor que la cifra de $237.000 millones, pues el monto solo hace referencia a cinco años de pagos.
Los puntos clave que investigó la Procuraduría
Durante el periodo de investigación el Ministerio Público investigó tres líneas principales en el escándalo de corrupción. Como primera instancia, la Procuraduría tuvo en cuenta el proceso de “capitalización y descapitalización de la Triple A, que condujo a la reducción del capital público del 85% al 14.5%”. Esta es la misma línea de investigación que llevó al ente de control a intervenir en una acción popular con el objetivo de defender el patrimonio público de los ciudadanos.
La segunda línea es sobre la administración y manejo de recursos “que el Distrito de Barranquilla transfiere a la Triple A por concepto de subsidios, por el orden de $70.000 millones de pesos”. Y en tercera medida, la Procuraduría “investiga la administración y manejo de los recursos que el Distrito de Barranquilla transfirió a la Triple A por concepto de subsidios, por el orden de$70.000 millones de pesos”.
(En contexto: Procurador Carrillo viaja a España a tratar de revivir el caso Inassa)
A las las 9 de la mañana de este 13 de noviembre se conocerá el fallo disciplinario en contra de Ramón Navarro Pereira, Julia Margarita Serrano Monsalvo y Ramón Heráclito Hemer Redondo, gerentes de Triple A. Los tres son investigados por supuestas irregularidades en la suscripción de un contrato firmado con Inassa en Colombia para prestar servicios de alcantarillado y acueducto.
En marzo de este año, cuando la Procuraduría citó a audiencia pública a los tres gerentes generales de Triple A, en la investigación disciplinaria que se desarrolló se estableció que la empresa española, desde el año 2000, venía pagando a Inassa una remuneración, por el contrato, de $1.600 millones, es decir más de $19.000 millones anualmente.
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Ese dinero, presuntamente, habría sido para pagar contratos y servicios que no se necesitaban o que nunca se realizaron. La Fiscalía también está detrás de estas supuestas maniobras ilegales que habrían sido efectuadas con dineros públicos de la costa Atlántica.
De qué se trató el contrato
El contrato consistió en “la prestación de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”. Por estos servicios, la Triple A se comprometió a remunerar a Inassa mensualmente con el 4.5% del recaudo que ingresaban al patrimonio de la sociedad.
El caso, hasta ahí, no presentaba ninguna irregularidad pues a ese acuerdo fue al que llegaron las partes. Sin embargo, la Procuraduría encontró que ninguno de esos servicios se realizó. Tras el hallazgo, el Ministerio Público formuló cargos a los implicados por haber permitido que Inassa se apropiara de recursos que, en parte, eran de propiedad del distrito de Barranquilla.
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En otras palabras, la Triple A autorizó estos pagos con el dinero del cual el distrito de Barranquilla tiene el 14,5% de derechos accionarios. “La falta imputada a los representantes legales de la Triple A consiste en apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, señaló la Procuraduría, en referencia a los tres exfuncionarios llamados a juicio disciplinario.
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Según los documentos del Ministerio Público, este contrato sigue vigente, pero ya tiene la estricta vigilancia del ente de control. Por la antigüedad del acuerdo, no es claro cuánto es el total del dinero que se desvió irregularmente hacia España, que sería mucho mayor que la cifra de $237.000 millones, pues el monto solo hace referencia a cinco años de pagos.
Los puntos clave que investigó la Procuraduría
Durante el periodo de investigación el Ministerio Público investigó tres líneas principales en el escándalo de corrupción. Como primera instancia, la Procuraduría tuvo en cuenta el proceso de “capitalización y descapitalización de la Triple A, que condujo a la reducción del capital público del 85% al 14.5%”. Esta es la misma línea de investigación que llevó al ente de control a intervenir en una acción popular con el objetivo de defender el patrimonio público de los ciudadanos.
La segunda línea es sobre la administración y manejo de recursos “que el Distrito de Barranquilla transfiere a la Triple A por concepto de subsidios, por el orden de $70.000 millones de pesos”. Y en tercera medida, la Procuraduría “investiga la administración y manejo de los recursos que el Distrito de Barranquilla transfirió a la Triple A por concepto de subsidios, por el orden de$70.000 millones de pesos”.
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