Procuraduría llamó a juicio disciplinario a dos funcionarios de la Dian
El Ministerio Público busca establecer si obstaculizaron la investigación que se adelantaba por multimillonario descalco.
El Espectador
La Procuraduría General formuló pliego de cargos a los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Raúl Vargas y Antonio Ramón Angulo Hernández por presuntamente haber obstaculizado la investigación que se adelantaba por el multimillonario desfalco a dicha entidad.
En este sentido se indica que los funcionarios supuestamente incurrieron en una serie de fallas, después de adelantar una diligencia de registro en las oficinas de las consideradas "empresas fachadas" utilizadas para el cobro irregular del IVA a la Dian
Según las pruebas recolectadas por el Ministerio Público estas personas no hicieron un debido aseguramiento de las pruebas documentales recaudadas, puesto que no dejaron los registros pormenorizados de la visita, ni informaron en su totalidad de los hallazgos.
Además, "guardaron silencio sobre la presencia de la abogada de dicha firma, Myriam Teresa Peña Palacios, con quien presuntamente adelantaron una negociación con el fin de devolverle algunos documentos encontrados y desorientar la investigación, y así evitar que se descubriera la participación de la empresa en trámites irregulares ante la Dian".
En este sentido que al incurrir en estas actividades irregulares los investigadores "permitieron que se prolongara en el tiempo el actuar irregular de los miembros de la empresa criminal vinculada con la firma R&B".
Dicha firma consultora era precedida por Blanca Jazmín Becerra considerada el cerebro de dicho desfalco, hecho por el cual fue condenada en octubre de 2012 por un juez especializado a 26 años de prisión después de que firmara un preacuerdo con la Fiscalía General.
Para la Procuraduría General los funcionarios habrían incumplido sus deberes al vulneración de los fines y principios de la administración pública puesto que encubrieron de las acciones ilegales que tenía la empresa R&B, al devolver documentación encontrada en la diligencia efectuada en julio de 2010 sin dejar un registro adecuado de su contenido y alcance en la actuación administrativa.
Igualmente se señala que al emitir un informe para el archivo de la investigación sin tomar en consideración los hallazgos hechos en el registro o dar parte de ello a otras autoridades, y por no pronunciarse adecuadamente sobre los elementos de la denuncia original, ni explicar adecuadamente el desenvolvimiento de la actuación administrativa.
Las faltas para este caso deben fueron catalogadas como gravísimas y por definición legal serán imputadas temporalmente a título de dolo, puesto que los servidores disciplinados conocían sus deberes funcionales y tuvieron la oportunidad de contar con información previa sobre las denuncias que dieron origen a la investigación y el tipo de hechos que se estaban indagando.
La Procuraduría General formuló pliego de cargos a los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Raúl Vargas y Antonio Ramón Angulo Hernández por presuntamente haber obstaculizado la investigación que se adelantaba por el multimillonario desfalco a dicha entidad.
En este sentido se indica que los funcionarios supuestamente incurrieron en una serie de fallas, después de adelantar una diligencia de registro en las oficinas de las consideradas "empresas fachadas" utilizadas para el cobro irregular del IVA a la Dian
Según las pruebas recolectadas por el Ministerio Público estas personas no hicieron un debido aseguramiento de las pruebas documentales recaudadas, puesto que no dejaron los registros pormenorizados de la visita, ni informaron en su totalidad de los hallazgos.
Además, "guardaron silencio sobre la presencia de la abogada de dicha firma, Myriam Teresa Peña Palacios, con quien presuntamente adelantaron una negociación con el fin de devolverle algunos documentos encontrados y desorientar la investigación, y así evitar que se descubriera la participación de la empresa en trámites irregulares ante la Dian".
En este sentido que al incurrir en estas actividades irregulares los investigadores "permitieron que se prolongara en el tiempo el actuar irregular de los miembros de la empresa criminal vinculada con la firma R&B".
Dicha firma consultora era precedida por Blanca Jazmín Becerra considerada el cerebro de dicho desfalco, hecho por el cual fue condenada en octubre de 2012 por un juez especializado a 26 años de prisión después de que firmara un preacuerdo con la Fiscalía General.
Para la Procuraduría General los funcionarios habrían incumplido sus deberes al vulneración de los fines y principios de la administración pública puesto que encubrieron de las acciones ilegales que tenía la empresa R&B, al devolver documentación encontrada en la diligencia efectuada en julio de 2010 sin dejar un registro adecuado de su contenido y alcance en la actuación administrativa.
Igualmente se señala que al emitir un informe para el archivo de la investigación sin tomar en consideración los hallazgos hechos en el registro o dar parte de ello a otras autoridades, y por no pronunciarse adecuadamente sobre los elementos de la denuncia original, ni explicar adecuadamente el desenvolvimiento de la actuación administrativa.
Las faltas para este caso deben fueron catalogadas como gravísimas y por definición legal serán imputadas temporalmente a título de dolo, puesto que los servidores disciplinados conocían sus deberes funcionales y tuvieron la oportunidad de contar con información previa sobre las denuncias que dieron origen a la investigación y el tipo de hechos que se estaban indagando.