Procuraduría pide a Corte Constitucional darle luz verde al decreto de emergencia social

Dos semanas después de que empezara la revisión de los decretos de emergencia en la Corte Constitucional, la Procuraduría encontró más de una razón para avalar constitucionalmente el decreto 417 del 17 de marzo de 2020. De acuerdo con la entidad, no había normativa existente para atender la coyuntura.

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Redacción Judicial
08 de mayo de 2020 - 10:23 p. m.
Según la Procuraduría, el decreto 417 del 17 de marzo de 2020 tuvo que ser expedido ante la situación extraordinaria de la pandemia y se fija a la constitución.  / José Vargas - El Espectador
Según la Procuraduría, el decreto 417 del 17 de marzo de 2020 tuvo que ser expedido ante la situación extraordinaria de la pandemia y se fija a la constitución. / José Vargas - El Espectador
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Los más de 90 decretos ley que el Gobierno ha emitido para manejar la emergencia sanitaria del COVID-19 deben pasar a revisión inmediata de la Corte Constitucional para estudiar que se ajusten a la Constitución. Incluso el decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por el cual el Gobierno declaró la emergencia económica, social y ecológica. Entre los conceptos que han llegado al alto tribunal está el de la Procuraduría, que pidió darle luz verde a la norma. 

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El ente de control le dijo a la Corte que la norma tiene fue promulgada por varias razones que se enmarcan dentro de la Constitución y que hacían necesaria la declaración de una emergencia para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, que “se trata de situaciones sobrevinientes tal como lo exige la legislación en estos casos, pues el aumento vertiginoso del contagio del COVID-19 configura una situación extraordinaria e imprevisible”.

La llegada de la pandemia ha pasado factura en aspectos económicos y sociales. El acceso y derecho al trabajo, junto con las posibilidades de financiarlo en medio de una economía varada, han representado el mayor reto. De acuerdo con el departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en Colombia hay 2.9 millones desempleados, 287.000 más comprado con el año pasado. El efecto domino de esta situación ha puesto en jaque al 47.9% del país que labora de manera informal.

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“El efecto en el comercio y las empresas, son condiciones efectivamente graves”, le reiteró el órgano de control a la Corte. No obstante, según la Procuraduría, la norma permite establecer una hoja de ruta para evitar este y otros efectos que pudiera tener la decisión. Así las cosas, el Ministerio Público encontró que “el texto cumple con los requisitos de carácter material, pues la declaratoria tiene como sustento hechos de conocimiento público de que objetivamente ocurrieron y fueron suficientemente divulgados y advertidos”.

Con todo esto, dice la Procuraduría, “el Gobierno acreditó la insuficiencia de los medios ordinarios existentes para enfrentar la crisis generada por la pandemia, y que el decreto legislativo expedido contiene el plan de acción para evitar sus efectos”. Es decir, para el Ministerio Público la norma está ajustada a la Constitución.  

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

Por Redacción Judicial

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