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Según explicó el Ministerio Público, cuando se inició la investigación por la parapolítica, la Corte Suprema de Justicia abrió un radicado el 7 de diciembre de 2006, como legalmente debe hacerse, pero ha mantenido el mismo de manera indefinida hasta la fecha.
El proceso debe cumplir dos requisitos legales, por un lado tener una duración máxima de seis meses e igualmente realizar una identificación clara de los presuntos implicados.
Para la Procuraduría "si un ciudadano manifiesta a la judicatura, de forma genérica y por cualquier vía, que cuenta con información que puede ser de utilidad al interior de un trámite judicial, previo a escucharlo en diligencia de declaración, se debe determinar la identidad de la persona cuya posición podría, eventualmente, comprometerse."
Según el Ministerio Público la anterior claridad puede ser realizada a través de una entrevista de policía judicial lo que permitiría la citación de los interesados y la salvaguarda de los derechos de defensa - técnica y material-, contradicción y debido proceso, pues no es lo mismo refutar un señalamiento criminal en el momento en que éste se produce que hacerlo luego de su concreción.
Por El Espectador
