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La Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, durante la semana entregó un concepto de seis páginas a la Corte Constitucional sobre la ley de seguridad ciudadana pidiéndole que declare exequible condicionada uno de sus artículos. Es decir, que la deje como la estableció el legislativo, pero con unos reparos. Esta ley, que fue bandera del gobierno saliente de Iván Duque, contiene varios artículos controversiales, específicamente el 48. La norma le da competencias a la Policía Nacional para acceder a circuitos de vigilancia para acciones de identificación, prevención y judicialización.
El concepto que reposa en los despachos de la Corte lo allegó el Ministerio Público luego de que el ciudadano Juan Manuel López Molina demandara la norma porque considera que con ella se desconoce el derecho a la intimidad. “El Congreso incurrió en una omisión legislativa relativa al regular el acceso a circuitos de vigilancia y seguridad privada por parte de la Policía Nacional. Ello, porque no incluyó los presupuestos necesarios para la protección de la información privada que captan las cámaras respectivas”, explicó el demandante.
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La Procuraduría dijo en su documento que le pedirá a la Corte declarar la norma exequible condicionalmente. “Siguiendo el alcance jurisprudencial dado al derecho a la intimidad, la Procuraduría pedirá que la norma acusada sea declarada exequible bajo el entendido de que el acceso de la Policía Nacional a los circuitos de vigilancia y seguridad privada ubicados en lugares en los que se puedan captar imágenes o videos relacionados con información semiprivada, privada o reservada de las personas requerirá de la autorización previa que corresponda en virtud de la naturaleza de los datos, salvo casos excepcionales de flagrancia o imperiosa necesidad en los que se deberá acudir al control jurisdiccional correspondiente”, resalta el documento de la Procuraduría.
Para el Ministerio Público es claro que dicha norma al regular el acceso a los circuitos de vigilancia y seguridad por parte de la Policía, no incluyó restricción o autorización alguna para garantizar el respeto del derecho a la intimidad, el cual, a su juicio, puede verse afectado con la revisión por parte de los agentes de las imágenes que captan las cámaras. Esta no es la primera crítica que recibe la controvertida ley. A inicios de agosto, varias organizaciones demandaron la normativa, incluyendo el artículo, porque vulnera derechos ciudadanos y propicia el abuso de autoridad.
Entre otros de los argumentos presentados por el Ministerio Público se resalta que en esta ley no hay claridad para explicar por qué la Policía no debe pedir la autorización correspondiente para acceder a estos sistemas de video. Además, la Procuraduría lanzó un llamado de atención al Congreso de la República por no justificar el no incluir controles para efectuar estas revisiones, “se resalta que, a pesar de las posibles afectaciones que se pueden generar en el derecho a la intimidad con la autorización a la Policía Nacional para que acceda libremente a estos circuitos, no permiten evidenciar que el Congreso de la República haya justificado, de forma clara y precisa, la determinación de no incluir controles al ejercicio de dicha facultad”.
A pesar de los reparos, la Procuraduría afirmó en su concepto que la Policía podía acceder a estos circuitos de vigilancia y cámaras de seguridad privada en caso de encontrar un delito en flagrancia.
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