Procuraduría pide acciones para evitar "tratos inhumanos y degradantes" a los presos
El Ministerio Público considera que la grave situación de hacinamiento en los centros carcelarios y penitenciarios pone en riesgo los derechos fundamentales.
Redacción Judicial
Ante la Corte Constitucional la Procuraduría General le solicitó formalmente tomar medidas de fondo para resolver la grave crisis carcelaria que se presenta en Colombia actualmente. En la petición se señala que las autoridades locales, departamentales y nacionales deben tomar cartas en el asunto para proteger los derechos fundamentales de la población carcelaria.
El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez señaló que "este es un problema más dramáticos del país y lo tenemos completamente invisiibilizado", reseñando que todas las propuestas planteadas y las medidas anunciadas se han quedado en el papel. "Es una bomba social que nos va a explotar a todos en la cara cuando se vuelva imposible de manejar".
Actualmente -explicó- el hacinamiento carcelario supera el 50 por ciento en todas la cárceles. Esta situación evidentemente pone en riesgo a todos los presos y a los funcionarios del Inpec que son los encargados de brindar protección y carcelarios. La Corte Constitucional ha emitido diferentes sentencias en las que se exhorta a proteger a la comunidad carcelaria pero hasta el momento no se han cumplido.
"Es una garantía constitucional y de derecho internacional, como expresión del debido proceso judicial, y de estar prevista en nuestra Carta la prohibición de infligir tortura, y de incurrir en tratos crueles, inhumanos y degradantes –lo que dista mucho de las deplorables condiciones en las que se desarrolla la reclusión como mecanismo de control social-, hasta ahora no ha sido posible que algunas entidades territoriales", precisó.
En la misiva enviada al despacho de la magistrada Gloria Stella Ortiz, el jefe del órgano de control disciplinario le solicita que como complemento al fallo que declaró el "estado de cosas inconstitucional" del sistema penitenciario, efectúe un nuevo pronunciamiento que "se adecue a lo que en la actualidad conforma uno de los mayores retos".
"Desde luego una golondrina no hace verano. Tiene que ser una sumatoria de todas estas herramientas y como en una caja de herramientas, para que esto funcione, tiene que darse una acción consistente, coordinada y estratégica", señaló el Procurador que considera que existen muchas fallas a la hora de poner en marcha una política pública.
Ante la Corte Constitucional la Procuraduría General le solicitó formalmente tomar medidas de fondo para resolver la grave crisis carcelaria que se presenta en Colombia actualmente. En la petición se señala que las autoridades locales, departamentales y nacionales deben tomar cartas en el asunto para proteger los derechos fundamentales de la población carcelaria.
El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez señaló que "este es un problema más dramáticos del país y lo tenemos completamente invisiibilizado", reseñando que todas las propuestas planteadas y las medidas anunciadas se han quedado en el papel. "Es una bomba social que nos va a explotar a todos en la cara cuando se vuelva imposible de manejar".
Actualmente -explicó- el hacinamiento carcelario supera el 50 por ciento en todas la cárceles. Esta situación evidentemente pone en riesgo a todos los presos y a los funcionarios del Inpec que son los encargados de brindar protección y carcelarios. La Corte Constitucional ha emitido diferentes sentencias en las que se exhorta a proteger a la comunidad carcelaria pero hasta el momento no se han cumplido.
"Es una garantía constitucional y de derecho internacional, como expresión del debido proceso judicial, y de estar prevista en nuestra Carta la prohibición de infligir tortura, y de incurrir en tratos crueles, inhumanos y degradantes –lo que dista mucho de las deplorables condiciones en las que se desarrolla la reclusión como mecanismo de control social-, hasta ahora no ha sido posible que algunas entidades territoriales", precisó.
En la misiva enviada al despacho de la magistrada Gloria Stella Ortiz, el jefe del órgano de control disciplinario le solicita que como complemento al fallo que declaró el "estado de cosas inconstitucional" del sistema penitenciario, efectúe un nuevo pronunciamiento que "se adecue a lo que en la actualidad conforma uno de los mayores retos".
"Desde luego una golondrina no hace verano. Tiene que ser una sumatoria de todas estas herramientas y como en una caja de herramientas, para que esto funcione, tiene que darse una acción consistente, coordinada y estratégica", señaló el Procurador que considera que existen muchas fallas a la hora de poner en marcha una política pública.