Una comisión del Consejo de Estado llegó a primera hora de este lunes 21 de enero a la cárcel La Picota para realizar la audiencia pública de pérdida de investidura de Jesús Santrich, quien se encuentra allí recluido desde abril del año pasado. Llegaron a la prisión luego de que la Fiscalía explicara, en diciembre de 2018, que el traslado del exjefe guerrillero al Palacio de Justicia, en donde normalmente se realizan estos encuentros, era un peligro para la vida del propio Santrich. Así las cosas, la audiencia se realizó en la prisión, en donde Jesús Santrich y su defensa reiteraron su inocencia y le pidieron al alto tribunal que no decrete la pérdida de investidura.
(En contexto: Las pruebas de Santrich y lo que grabó la DEA)
Tanto al Procuraduría como las demás partes del proceso tuvieron su turno para intervenir durante la audiencia. La magistrada ponente del caso, María Adriana Marín, le dio la palabra al representante del Ministerio Público, Nicolás Yepes, quien le pidió al alto tribunal que no decrete la pérdida de investidura “en conformidad con las consideraciones precedentes, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y los derechos fundamentales”.
Por parte de la defensa, el primero en hablar fue Santrich. En su intervención, de más de nueve puntos, reafirmó que nada tiene que ver en el proceso que abrió Estados Unidos en su contra por, supuestamente, haber conspirado para exportar cocaína hacia ese país, después de la firma del acuerdo de paz. Agregó que considera que la Fiscalía no tiene pruebas contundentes en su contra y que se le han violado sus derechos políticos y humanos al no permitirle que se posesionara en la curul de la Cámara de Representantes que ganó en las elecciones de mayo de 2018.
(Más información: JEP se ratifica en practicar pruebas en caso 'Santrich')
“No he pensado mover un gramo de cocaína a ninguna parte. No soy un narcotraficante. Soy un gestor de paz”, agregó Santrich, quien añadió que a él lo han involucrado “mañosamente” en un proceso de narcotráfico en Estados Unidos y que espera que el Consejo de Estado no permita que ocurra “su asesinato político”, si eventualmente llegara a decretar su pérdida de investidura. Durante su intervención, Santrich recordó que ha sido un gestor de paz y que, desde que comenzó los diálogos entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, él colaboró para sus avances.
Este mismo hecho lo recordó el abogado del exjefe guerrillero, el exsenador Alirio Uribe Muñoz. El jurista le pidió de nuevo al Consejo de Estado que no decrete la pérdida de investidura de su cliente primero, porque Santrich no se posesionó por lo que consideró un “hecho externo”, y porque, además, se le han violado varios derechos al estar preso, como por ejemplo el hecho de que un juez no haya decretado la legalidad o no de su captura.
(Le puede interesar: Yo estuve en la captura de “Jesús Santrich”)
Uribe explicó además que en este caso no se viola solo los derechos políticos de su cliente, sino también los del partido político de las Farc. “Este fue uno de los componentes más fuertes e importantes del acuerdo de paz: la participación política. Por eso es que aquí estamos hablando de si vamos a proteger o no ese derecho”, señaló Uribe durante la audiencia.
“Este no es un proceso más de pérdida de investidura”, aclaró el abogado Uribe haciendo referencia al papel que ha tenido Santrich en el proceso de paz y a las repercusiones que tendría la decisión del alto tribunal si no le permite llegar al Congreso y la posible extradición del exjefe guerrillero. Recordó que desde el inicio de este proceso ha dicho que, en caso de que las autoridades colombianas dejaran por fuera a su apoderado del ejercicio de la política y lo extraditan a Estados Unidos, se concretaría un “bombazo para la implementación de los acuerdos de paz”.
Santrich fue capturado el 9 de abril de 2018 en su casa en el barrio Modelia (occidente de Bogotá), luego de que a Colombia llegara una circular roja de la Interpol (una orden de captura internacional). Según el proceso que inició esta historia, entre julio de 2017 y abril del año pasado Santrich y otros dos colombianos habrían conspirado para exportar 10 toneladas de cocaína hacia el país norteamericano.
La petición la emitió el Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Según explicó el fiscal Néstor Humberto Martínez, se tuvieron en cuenta una gran cantidad de pruebas electrónicas, documentales y videos, que dan cuenta de la intervención de todos estos sujetos en actividades de narcotráfico. Al tratarse de un caso en el que Estado Unidos pide en extradición a los involucrados, por ahora es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) quien debe decidir si es correcto este procedimiento y se lo envía a la Corte Suprema de Justicia, o si por lo contrario, el proceso no debe seguir su curso y Santrich debe acudir únicamente a la JEP.
Por Redacción Judicial
