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La Procuraduría lo dijo sin rodeos: “con suficiencia quedó demostrado que Julio Alberto Manzur Abdala hizo parte de las estrategias políticas por parte de los grupos paramilitares de Córdoba, poniendo a disposición el ejercicio de sus funciones políticas y públicas al servicio del grupo armado ilegal”. Estas afirmaciones, al igual que otras más, hacen parte de la intervención que el organismo de control les hizo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que el exsenador pague una pena entre cinco y siete años de prisión.
En la audiencia, que se desarrolló este martes en el Palacio de Justicia, el Ministerio Publico hizo un extenso arqueo de las irregularidades que le atribuyen al excongresista por sus nexos con grupos al margue de la ley. En concreto, la Procuraduría explicó que, haciendo uso de su posición de congresista, la cual ostento durante tres períodos (1998 – 2002, 2002 – 2006 y 2006 -2009), “procuró” el posicionamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en diversos cargos del Estado y elección popular como táctica para expandirse políticamente y tener fichas en cargos decisorios de la Nación y del departamento.
En él, explicó el agente del Ministerio Público, las AUC encontraron un “poderoso aliado” para su proyecto de expansión. Lazos que le habrían garantizado su permanecía como congresista de la República. “En el departamento de Córdoba se dieron algunas alianzas, entre algunos políticos y paramilitares, encaminada a promover las AUC (…) a través de componendas políticas, alianzas y logrando ascender, con miembros de la organización, a cargos de elección popular”. Prueba de ello, explicó el organismo de control, son las alianzas que él, junto con los paramilitares, hizo con los exparlamentarios Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella.
La Procuraduría explicó que estos vínculos también tenían como propósito promover la candidatura de Juan Aldana a la gobernación de Córdoba en las elecciones de 2003. Otra de los objetivos de la alianza, presuntamente, era intervenir en el nombramiento de Jaime García Exbrayat como director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge. Manzur, sostuvo el ministerio público, también “apoyó públicamente y políticamente al comandante paramilitar Mario Prada Cobos a la candidatura de Valencia (Córdoba) y, posteriormente, a la candidatura de la gobernación de Córdoba”.
Estas situaciones, para la Procuraduría, son concluyentes. Pues las “alianzas políticas” o “los acuerdos de voluntades” con el paramilitarismo, habrían configurado el delito de concierto para delinquir. La defensa del excongresista, sin embargo, no piensa lo mismo. Al término de la diligencia, Andrés Garzón dijo que hay otros elementos de juicio que resaltarán y que van a contradecir los argumentos de la Procuraduría. “Nosotros tenemos muchos más testimonios de personas allegadas, como el mismo Salvatore Mancuso, jefes de las AUC diciendo que no tienen nada que ver con el doctor Julio Manzur y diciendo lo contrario. Que denunciaron a los testigos que menciona la Procuraduría como miembros de un cartel de falsos testigos”.