Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Procuraduría General de la Nación solicitó que se dicte sentencia condenatoria en contra de ocho de los guerrilleros del M-19 que hicieron parte de la operación de toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985.
El Ministerio Público concluyó que estaba probada la culpabilidad en el asesinato y graves heridas que sufrieron los celadores del edificio tras la irrupción intempestiva y violenta del grupo armado ilegal.
El organismo de control precisó que hay material probatorio suficiente para que el juez segundo penal especializado de Bogotá dicte sentencia condenatoria contra los guerrilleros por los cargos de homicidio y tentativa de homicidio, tras la declaratoria de imprescriptibilidad determinada por la Sala Penal del Tribunal Superior de la capital colombiana en torno al caso.
La decisión cobijaría Alfonso Alberto Jacquin Gutiérrez, Amalia Sossa Sierra, Guillermo Elvencio Ruiz Gómez, Israel Santamaría Rendón, Rafael Arteaga Giraldo y Remberto Artunduaga Palomares, además de los desparecidos Irma Franco Pineda y Luís Francisco Otero Cifuentes, quien comandaba la operación.
La Procuraduría lamentó la tardía actuación de la justicia, tras la prescripción del proceso por los cargos de rebelión, secuestro, hurto agravado y uso de documento público falso, luego de pasados más de 20 años sin que se resolviera la investigación.
Cabe recordar que la reapertura del proceso penal, pese a la amnistía con la que fueron cobijados todos los desmovilizados de la guerrilla del M-19 se dio gracias a que el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que los delitos de lesa humanidad por los cuales se acusaba a ocho de los supuestos responsables de la toma no podían ser incluidos en el indulto que fue declarado a favor de los exguerrilleros, aún cuando cinco de los indiciados murieron y a que se desconoce el paradero de tres de ellos.
Por El Espectador
