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Que se condene al exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra por su presunta vinculación con grupos paramilitares, solicitó la Procuraduría delegada en el proceso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Aparentemente, el exsenador recibió el apoyo de las Autodefensas del Bloque Calima en el Valle del Cauca y la Región Pacífica de cara a las elecciones de 2002, según lo denunció el extraditado excommandante paramilitar Evert Veloza García, alias ‘HH’.
‘HH’ ratificó en su declaración ante la Sala Penal de la Corte que el dirigente sí recibió su respaldo y que además su nombre fue sugerido por presuntos narcotraficantes de la zona como Olmes Durán y los hermanos González Rivas, conocidos como ‘Los Reyes del Pacifico’.
“Yo autoricé al señor ‘Fernando Político’ (Carlos Efrén Guevara Cano) para que hiciera campaña o hablara con las comunidades, aprovechando esa influencia que nosotros teníamos en las comunidades, para que votaran a favor del senador Martínez”, sostuvo en su testimonio del 7 de febrero pasado.
Supuestamente, los narcotraficantes pagaban un 'impuesto de gramaje' al Bloque Calima, para que les permitiera enviar cargamentos de droga desde la costa pacífica hacia el exterior; de allí que le pidieran favores a 'HH' para colaborar con la campaña de Martínez Sinisterra al Senado en 2002.
El delegado del Ministerio Público encontró inconsistencias en versiones como la de Elkin Casarrubia Posada, alias 'El Cura' respecto a la responsabilidad de 'Fernando Político' en los hechos materia de investigación, en tanto que 'HH' sí fue muy claro y contundente, al afirmar que era él el comisionado para establecer los enlaces políticos del frente Pacífico, que se buscaba establecer en la Región.
Aparentemente, existía un control casi total de las actividades en zonas como Buenaventura de parte del Bloque Calima, hecho que, según Veloza García, se sustentaba en el respaldo que al grupo armado le brindaban, entre otros, los industriales harineros del Valle del Cauca, interesados en desterrar a la guerrilla.
La Procuraduría, por su parte, sostuvo que esa capacidad de intimidación del paramilitarismo se circunscribía únicamente a la población y no se extendía a las instituciones.
El dirigente fue detenido el 23 de abril de 2009, por orden de la Corte Suprema de Justicia; la investigación en su contra había sido asumida transitoriamente por la Fiscalía, tras la renuncia del exlegislador al fuero parlamentario, pero la Sala Penal retomó la competencia a finales de ese mismo año.
Recientemente, la Corte aprobó su traslado de la Cárcel La Picota de Bogotá hacia una penitenciaría de Barranquilla, luego de supuestos actos de indisciplina protagonizados por el indiciado en el penal capitalino, durante la celebración de su cumpleaños.