Procuraduría pide condenar a Nación por asesinato de exgobernador Gaviria
El exmandatario antioqueño fue asesinado por las Farc cuando se encontraba secuestrado.
El Espectador
La Procuraduría General le solicitó al Consejo de Estado que emita fallo condenatorio contra Nación por el asesinato del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, quien fue ultimado cuando se encontraba secuestrado por las Farc.
Según el concepto del Ministerio Público, pese a que existe un reconocimiento por la tarea de la Fuerza Pública cuando emprendió un operativo de rescate para liberar al mandatario antioqueño no se tuvieron en cuenta todos los factores de riesgo.
En este sentido se indica que pese a que los militares ubicaron el campamento de cautiverio en el que se encontraba Gaviria en compañía del dirigente político Gilberto Echeverry no se tuvo en cuenta la peligrosidad del evento, el cual terminó con la vida del Gobernador además de otros ocho uniformados que participaron en el operativo.
La Procuraduría General señala que al evaluar la operación para liberar a los 10 secuestrados no se presento una reflexión sobre el hecho de que el secuestro era político, lo cual significaba que los guerrilleros tenían la orden de dar un tiro de gracia a los secuestrados ante cualquier intento de rescate.
Observando esta perspectiva, el Ministerio Público concluyó que en la operación de restate que se produjo en Urrao, Antioquia, el 5 de mayo de 2003, el Ejército erró al dar primacía a un derecho que, como el de la libertad, secunda a otro.
Vale recordar que en el momento de los hechos el entonces comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, explicó que "Se habían efectuado labores de inteligencia, estudio del terreno, los riesgos, etc., a fin de planear la mejor forma de lograr el rescate de los cautivos por las Farc (...) El acceso por tierra significaba horas. De desplazamiento a pie de los miembros del Ejército Nacional, lo que fácilmente llevaría a ser detectados por los insurgentes".
En su decisión, el procurador del caso indicó que el Ejército erró al dar primacía a un derecho que, como el de la libertad, antes que el de la vida, hecho por el cual se debe reparar a los familiares de la víctima.
"Ponderar el derecho constitucional a la libertad, frente al derecho constitucional a la vida, resulta ser también desafortunado en el análisis que ofrece la sentencia, pues da mayor valor al primero de ellos, porque en Colombia el valor a la vida”, precisa la decisión.
La Procuraduría concluyó que se debe revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones restaurativas, y en su lugar condenar al Estado colombiano en cabeza del ministerio de Defensa, por no haber tenido el riesgo excepcional que rodeaba este rescate.
En los próximos días se espera que el magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Carlos Alberto Zambrano, presente la ponencia, que será sometida a votación por parte de los demás togados.
La Procuraduría General le solicitó al Consejo de Estado que emita fallo condenatorio contra Nación por el asesinato del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, quien fue ultimado cuando se encontraba secuestrado por las Farc.
Según el concepto del Ministerio Público, pese a que existe un reconocimiento por la tarea de la Fuerza Pública cuando emprendió un operativo de rescate para liberar al mandatario antioqueño no se tuvieron en cuenta todos los factores de riesgo.
En este sentido se indica que pese a que los militares ubicaron el campamento de cautiverio en el que se encontraba Gaviria en compañía del dirigente político Gilberto Echeverry no se tuvo en cuenta la peligrosidad del evento, el cual terminó con la vida del Gobernador además de otros ocho uniformados que participaron en el operativo.
La Procuraduría General señala que al evaluar la operación para liberar a los 10 secuestrados no se presento una reflexión sobre el hecho de que el secuestro era político, lo cual significaba que los guerrilleros tenían la orden de dar un tiro de gracia a los secuestrados ante cualquier intento de rescate.
Observando esta perspectiva, el Ministerio Público concluyó que en la operación de restate que se produjo en Urrao, Antioquia, el 5 de mayo de 2003, el Ejército erró al dar primacía a un derecho que, como el de la libertad, secunda a otro.
Vale recordar que en el momento de los hechos el entonces comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, explicó que "Se habían efectuado labores de inteligencia, estudio del terreno, los riesgos, etc., a fin de planear la mejor forma de lograr el rescate de los cautivos por las Farc (...) El acceso por tierra significaba horas. De desplazamiento a pie de los miembros del Ejército Nacional, lo que fácilmente llevaría a ser detectados por los insurgentes".
En su decisión, el procurador del caso indicó que el Ejército erró al dar primacía a un derecho que, como el de la libertad, antes que el de la vida, hecho por el cual se debe reparar a los familiares de la víctima.
"Ponderar el derecho constitucional a la libertad, frente al derecho constitucional a la vida, resulta ser también desafortunado en el análisis que ofrece la sentencia, pues da mayor valor al primero de ellos, porque en Colombia el valor a la vida”, precisa la decisión.
La Procuraduría concluyó que se debe revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones restaurativas, y en su lugar condenar al Estado colombiano en cabeza del ministerio de Defensa, por no haber tenido el riesgo excepcional que rodeaba este rescate.
En los próximos días se espera que el magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Carlos Alberto Zambrano, presente la ponencia, que será sometida a votación por parte de los demás togados.