La Procuraduría General presentó acciones de tutela en contra de tres sentencias del Consejo de Estado que declararon la nulidad de los fallos de destitución e inhabilidad contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía; el exsenador de la República, Eduardo Merlano y el exalcalde municipal de San José del Fragua (Caquetá), Duber Trujillo Medina.
En los recursos judiciales interpuestos el Ministerio Público pidió que se deje sin efectos las tres decisiones judiciales emitidas por el alto tribunal en los últimos meses. Además, la entidad señaló que estas decisiones judiciales habrían vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, “porque se desconoció la Constitución Política y el precedente de la Corte Constitucional respecto de la competencia de esta entidad para ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular”.
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La Procuraduría también argumentó que, tras la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la Corte Constitucional reiteró que la Procuraduría sí puede sancionar a funcionarios elegidos por los ciudadanos en un proceso electoral y precisó que las sanciones impuestas a estos solo quedarán ejecutoriadas por la sentencia de un juez”.
Abadía, el caso más reciente
A finales de agosto pasado, el Consejo de Estado tumbó la sanción de 10 años que pesaba contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía. Abadía fue sancionado por el Ministerio Público porque siendo gobernador de ese departamento entre 2008 y 2010 suscribió un contrato con “Eduardo Bolaños IPS Ltda.”, de forma directa cuando era necesario agotarse el procedimiento de la selección abreviada de prestación de servicios de salud.
El contrato tenía como objetivo realizar cirugías bariátricas a personas sin cobertura de salud y fue pactado por la suma de mil millones de pesos. En su momento, la Procuraduría dijo que Abadía debió adelantar la selección del contratista por el procedimiento de selección abreviada de prestación de servicios de salud, lo que implica consultar previamente a los precios del mercado y solicitar ofertas, pero no lo hizo.
Esta decisión no afecta el proceso penal que enfrenta ante la Fiscalía por el cartel de la toga una red de exmagistrados y abogados que torcía procesos en la Corte Suprema. El pasado 28 de julio fue acusado pagar un soborno para archivar un proceso en su contra en ese alto tribunal. Los elementos de prueba dan cuenta de que el exmandatario regional, al parecer, le entregó $400 millones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal contra la corrupción, en 2014. Este dinero fue direccionado al hoy condenado y exmagistrado Francisco Ricaurte.
El caso es que Moreno Rivera fue contratado por Abadía para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, debido a presuntas irregularidades en un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el Valle.
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