Procuraduría pide que reforma de tierras sea definida por el Congreso

La Procuraduría General pidió que sea el Congreso de la República el que discuta y aprueba el Decreto 902 de 2017 por medio del cual se implementa la reforma rural integral avalada en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. El Ministerio Público considera que en un año el Gobierno debe adelantar todo el trámite ante el Congreso para la aprobación de los textos que fijan uno de los puntos clave del acuerdo.

En el concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General considera que se debe declarar la inconstitucional diferida a un año de dicho Decreto. En este sentid advierte que el mismo no cumple con el requisito de estricta necesidad “porque no era imperativo que su aprobación se hiciera mediante el uso de facultades extraordinarias o vía fast track por parte del Ejecutivo”. (Ver Proyecto de decreto ley pone la tierra en debate)

En el documento se manifiesta que el Gobierno podía acudir al procedimiento legislativo especial para la paz avalado por la Corte Constitucional. Debido a esto le pide a la Corte alejarse del tema y dar el plazo para que el Ejecutivo adelante el respectivo trámite ante el Congreso. Si en un año, no se toma una decisión de fondo sobre el tema entonces el tema deberá ser estudiado por el alto tribunal.

Considera el órgano de control disciplinario que el hecho que el decreto en cuestión no cuente con la firma del Ministro de Justicia da cuenta que "hace referencia a nuevas acciones y procedimientos judiciales en materia de tierras. Así mismo, por tratarse de una normativa con características de código su adopción no está autorizada al Gobierno vía decreto". (Ver Farc denuncian mico en decreto de tierras)

En el análisis del tema, la Procuraduría General considera que no existe vicio de constitucionalidad en el Decreto pese a las fallas que se presentaron en el tema de consulta con las comunidades afrodescendientes sobre el tema. Sin embargo, hace un llamado de atención para que el esfuerzo que se hizo se extienda a las comunidades raizales y palenqueras para que emitan su opinión frente al tema.

Finalmente, la Procuraduría reitera la necedidad de ajustar la actuación que se requiera para este fin a los preceptos de la Constitución Política y el Acto Legislativo No. 1 de 2016 que fijó la hoja de ruta para que se adelante la implementación de lo aprobado en el proceso de paz. 

La Procuraduría General pidió que sea el Congreso de la República el que discuta y aprueba el Decreto 902 de 2017 por medio del cual se implementa la reforma rural integral avalada en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. El Ministerio Público considera que en un año el Gobierno debe adelantar todo el trámite ante el Congreso para la aprobación de los textos que fijan uno de los puntos clave del acuerdo.

En el concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General considera que se debe declarar la inconstitucional diferida a un año de dicho Decreto. En este sentid advierte que el mismo no cumple con el requisito de estricta necesidad “porque no era imperativo que su aprobación se hiciera mediante el uso de facultades extraordinarias o vía fast track por parte del Ejecutivo”. (Ver Proyecto de decreto ley pone la tierra en debate)

En el documento se manifiesta que el Gobierno podía acudir al procedimiento legislativo especial para la paz avalado por la Corte Constitucional. Debido a esto le pide a la Corte alejarse del tema y dar el plazo para que el Ejecutivo adelante el respectivo trámite ante el Congreso. Si en un año, no se toma una decisión de fondo sobre el tema entonces el tema deberá ser estudiado por el alto tribunal.

Considera el órgano de control disciplinario que el hecho que el decreto en cuestión no cuente con la firma del Ministro de Justicia da cuenta que "hace referencia a nuevas acciones y procedimientos judiciales en materia de tierras. Así mismo, por tratarse de una normativa con características de código su adopción no está autorizada al Gobierno vía decreto". (Ver Farc denuncian mico en decreto de tierras)

En el análisis del tema, la Procuraduría General considera que no existe vicio de constitucionalidad en el Decreto pese a las fallas que se presentaron en el tema de consulta con las comunidades afrodescendientes sobre el tema. Sin embargo, hace un llamado de atención para que el esfuerzo que se hizo se extienda a las comunidades raizales y palenqueras para que emitan su opinión frente al tema.

Finalmente, la Procuraduría reitera la necedidad de ajustar la actuación que se requiera para este fin a los preceptos de la Constitución Política y el Acto Legislativo No. 1 de 2016 que fijó la hoja de ruta para que se adelante la implementación de lo aprobado en el proceso de paz.