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En el concepto enviado a la Corte Constitucional por parte de la Procuraduría frente al Decreto Ley 248 de 2017, el ente investigador señala que este es contrario a la Constitución porque los recursos del Fondo Nacional de Regalías y los dineros provenientes de las regalías, tienen ya una fuente específica limitada por el Congreso de la República dejando por fuera los proyectos para la paz.
Según el Ministerio Público esos recursos son destinados por ejemplo para la reconstrucción de la infraestructura vial del país y a las zonas afectadas por desastres naturales, pero no para los acuerdos de paz, "es una fuente presupuestal con destinación específica".
“El presente decreto desconoce una de las limitaciones competenciales implícitas señaladas por la Corte en la sentencia C-699 de 2016, en cuanto se trata de un asunto reservado al órgano representativo –que dado el caso podría tramitarse por la vía del procedimiento legislativo especial para la paz”, dice el documento.
Por esa razón la Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que se ‘tumbe’ el decreto, debido a que el Gobierno no tendría que destinar estos recursos financieros para el posconflicto.
Por Redacción Justicia
