Procuraduría pidió avalar medida de aseguramiento contra exdirector de la DNE

Ante el juez 45 de garantías, el representante de la Procuraduría General solicitó que se avale la medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía en contra del exdirector de la Dirección Nacional deEstupefacientes (DNE) Carlos Albornoz por las irregularidades en la entrega de bienes que debían ser administrados por la entidad. 

En su intervención, el delegado del Ministerio Público manifestó que debido a la gravedad de los ocho delitos imputados por la Fiscalía General y el monto del detrimento causado presuntamente por las omisiones de Albornoz se le debe enviar de manera preventiva a un sitio de reclusión.

Igualmente indicó que está soportado “una eventual no comparecencia” del exfuncionario es necesario que se le cobije con medida de aseguramiento con el fin de que se presente a los llamados de la justicia en el proceso que se le adelanta por las irregularidades en las que presuntamente incurrió cuando presidió la DNE entre 2006 y 2009.

Sin embargo, el representante de la Procuraduría sostuvo que no se pudo inferir que el ahora procesado haya tenido relación alguna con la supuesta instalación de un “software espía” que borraba la información de los computadores en los que se tenían los registros de la investigación.

En este sentido fue claro en indicar que no se puede argumentar una obstrucción de la justicia o adulteración y manipulación de las pruebas recolectadas.

Para la Fiscalía General, Albornoz participó activamente en la modificación de las actas privadas con el fin de lograr la venta de bienes incautados la narcotráfico y que estaban en poder de la DNE.

Igualmente se señaló que el entonces director le entregó de manera irregular una serie de bienes inmuebles a Camilo Bula quien poco después fue nombrado agente liquidador de los mismos, incurriendo así en omisiones de control y vigilancia que le exigía su cargo

El fiscal del caso indicó que Albornoz era “la única persona autorizada” autorizado jurídicamente para tomar decisiones al interior de dicha entidad para entregar dichos bienes.

Para la Fiscalía el exfuncionario violó todos los procedimientos jurídicos y evadió el cumplimiento de dichos requisitos, lo que según el ente acusador hace inferir que hay falsedad en el acta del documento.

El ente investigador estima que el desfalco que se le causó a la Nación a través del manejo irregular de bienes incautados al narcotráfico es de aproximadamente 25.000 millones de pesos.

“Usted tenía un cargo que generaba confianza, seguridad, que representaba los intereses del Estado y de la sociedad en general, tenia esa posición y esa ilustración que le concebía la ley, pero tenía esa posición ilustre puesto que usted había sido congresista durante varios periodos”, precisó el fiscal.

Albornoz se declaró inocente de los delitos de peculado por apropiación en beneficio propio, fraude procesal, prevaricato por omisión, obtención de documento público falso, prevaricato por acción, concierto para delinquir, peculado por apropiación en beneficio de terceros, y falsedad ideológica en documento público.

Ante el juez 45 de garantías, el representante de la Procuraduría General solicitó que se avale la medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía en contra del exdirector de la Dirección Nacional deEstupefacientes (DNE) Carlos Albornoz por las irregularidades en la entrega de bienes que debían ser administrados por la entidad. 

En su intervención, el delegado del Ministerio Público manifestó que debido a la gravedad de los ocho delitos imputados por la Fiscalía General y el monto del detrimento causado presuntamente por las omisiones de Albornoz se le debe enviar de manera preventiva a un sitio de reclusión.

Igualmente indicó que está soportado “una eventual no comparecencia” del exfuncionario es necesario que se le cobije con medida de aseguramiento con el fin de que se presente a los llamados de la justicia en el proceso que se le adelanta por las irregularidades en las que presuntamente incurrió cuando presidió la DNE entre 2006 y 2009.

Sin embargo, el representante de la Procuraduría sostuvo que no se pudo inferir que el ahora procesado haya tenido relación alguna con la supuesta instalación de un “software espía” que borraba la información de los computadores en los que se tenían los registros de la investigación.

En este sentido fue claro en indicar que no se puede argumentar una obstrucción de la justicia o adulteración y manipulación de las pruebas recolectadas.

Para la Fiscalía General, Albornoz participó activamente en la modificación de las actas privadas con el fin de lograr la venta de bienes incautados la narcotráfico y que estaban en poder de la DNE.

Igualmente se señaló que el entonces director le entregó de manera irregular una serie de bienes inmuebles a Camilo Bula quien poco después fue nombrado agente liquidador de los mismos, incurriendo así en omisiones de control y vigilancia que le exigía su cargo

El fiscal del caso indicó que Albornoz era “la única persona autorizada” autorizado jurídicamente para tomar decisiones al interior de dicha entidad para entregar dichos bienes.

Para la Fiscalía el exfuncionario violó todos los procedimientos jurídicos y evadió el cumplimiento de dichos requisitos, lo que según el ente acusador hace inferir que hay falsedad en el acta del documento.

El ente investigador estima que el desfalco que se le causó a la Nación a través del manejo irregular de bienes incautados al narcotráfico es de aproximadamente 25.000 millones de pesos.

“Usted tenía un cargo que generaba confianza, seguridad, que representaba los intereses del Estado y de la sociedad en general, tenia esa posición y esa ilustración que le concebía la ley, pero tenía esa posición ilustre puesto que usted había sido congresista durante varios periodos”, precisó el fiscal.

Albornoz se declaró inocente de los delitos de peculado por apropiación en beneficio propio, fraude procesal, prevaricato por omisión, obtención de documento público falso, prevaricato por acción, concierto para delinquir, peculado por apropiación en beneficio de terceros, y falsedad ideológica en documento público.