Procuraduría pidió que profesionales de la salud sean contratados en condiciones dignas

De acuerdo con la última investigación de la Procuraduría, en Colombia el 71% de los contratos del personal de la salud son tercerizados, “lo que contradice el mandato legal que determina que la regla general de la administración pública es, que todos sus trabajadores sean vinculados de manera directa”. Por esta razón, el procurador general Fernando Carrillo pidió a las autoridades encargadas de administrar el sector que vinculen a sus profesionales en mejores condiciones.

Lea también: Cortes lo han dicho: prestación de servicios no pueden disfrazar contratos laborales.

La circular va dirigida a los ministerios de Salud, Hacienda y Protección Social, y a las autoridades gubernamentales y también privadas, que son responsables por la administración de la salud en Colombia. De acuerdo con el procurador Fernando Carrillo, las diferentes instituciones deben prestar sus servicios de forma “financieramente viable y administrativamente eficiente, sin desconocer los derechos de los profesionales a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral.

De hecho, según la investigación de la Procuraduría, de los 136.116 trabajadores de la salud solo 46.715 están vinculados de forma directa en las plantas de personal de las diferentes entidades prestadoras del servicio. Es decir, solo el 28% cuenta con garantías como cesantías, vacaciones, primas, servicios de salud y EPS, e inclusive pensión. El resto de los profesionales, según el órgano de control, tiene contratos tercerizados o por prestación de servicios.

Según las denuncias, más del 70% de los médicos en Colombia estarían contratados bajo acuerdos que solo se pueden firmar bajo casos excepcionales. Además, la Procuraduría agregó que contra personal del sector salud viene presentándose el fenómeno outsourcing, que es la subcontratación de terceros para que realicen actividades complementarias de una tarea principal. Incluso, empresas públicas y privadas estarían ofreciendo servicios temporales a los profesionales.

“Los contratos de prestación de servicios y otras modalidades de contratación de personal se han incrementado en las IPS (Instituciones Públicas Prestadoras de Salud) hasta el punto de que se crean verdaderas nóminas paralelas, así una gran cantidad de personas trabajan durante largos periodos para las entidades públicas, en detrimento a su derecho fundamental a un trabajo decente y a la seguridad social que él implica”, explica el órgano de control.

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Atendiendo problemáticas como la descrita por la Procuraduría, el representante a la Cámara por Casanare, César Ortiz Zorro, en compañía de 31 congresistas, radicó un proyecto de ley en mayo del año pasado que pretende prohibir la contratación de personal de la salud mediante la modalidad de prestación de servicios (OPS), con lo cual se garantizaría sus prestaciones económicas y sociales.

“Durante los últimos años, la justicia colombiana, y en especial las altas cortes, mediante diversos fallos, ha desenmascarado el engaño de las OPS o contratos de prestación de servicios personales contra el trabajador, violando preceptos constitucionales y legales que protegen el derecho al trabajo digno, estable, con prestaciones económicas y sociales”, explicó Ortiz en diálogo con El Espectador, en mayo de 2020.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), durante la época de pandemia por Covid-19, hasta el 22 de diciembre de 2020, 107 profesionales de la salud han muerto a causa del coronavirus. Además, la institución reporta que alrededor de 22 mil se han contagiado con la enfermedad. De acuerdo con la investigación, la gran mayoría son auxiliares de enfermería, con 7.171 casos reportados y, luego le sigue el personal de medicina con 3.076 expedientes.

De acuerdo con la última investigación de la Procuraduría, en Colombia el 71% de los contratos del personal de la salud son tercerizados, “lo que contradice el mandato legal que determina que la regla general de la administración pública es, que todos sus trabajadores sean vinculados de manera directa”. Por esta razón, el procurador general Fernando Carrillo pidió a las autoridades encargadas de administrar el sector que vinculen a sus profesionales en mejores condiciones.

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La circular va dirigida a los ministerios de Salud, Hacienda y Protección Social, y a las autoridades gubernamentales y también privadas, que son responsables por la administración de la salud en Colombia. De acuerdo con el procurador Fernando Carrillo, las diferentes instituciones deben prestar sus servicios de forma “financieramente viable y administrativamente eficiente, sin desconocer los derechos de los profesionales a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral.

De hecho, según la investigación de la Procuraduría, de los 136.116 trabajadores de la salud solo 46.715 están vinculados de forma directa en las plantas de personal de las diferentes entidades prestadoras del servicio. Es decir, solo el 28% cuenta con garantías como cesantías, vacaciones, primas, servicios de salud y EPS, e inclusive pensión. El resto de los profesionales, según el órgano de control, tiene contratos tercerizados o por prestación de servicios.

Según las denuncias, más del 70% de los médicos en Colombia estarían contratados bajo acuerdos que solo se pueden firmar bajo casos excepcionales. Además, la Procuraduría agregó que contra personal del sector salud viene presentándose el fenómeno outsourcing, que es la subcontratación de terceros para que realicen actividades complementarias de una tarea principal. Incluso, empresas públicas y privadas estarían ofreciendo servicios temporales a los profesionales.

“Los contratos de prestación de servicios y otras modalidades de contratación de personal se han incrementado en las IPS (Instituciones Públicas Prestadoras de Salud) hasta el punto de que se crean verdaderas nóminas paralelas, así una gran cantidad de personas trabajan durante largos periodos para las entidades públicas, en detrimento a su derecho fundamental a un trabajo decente y a la seguridad social que él implica”, explica el órgano de control.

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Atendiendo problemáticas como la descrita por la Procuraduría, el representante a la Cámara por Casanare, César Ortiz Zorro, en compañía de 31 congresistas, radicó un proyecto de ley en mayo del año pasado que pretende prohibir la contratación de personal de la salud mediante la modalidad de prestación de servicios (OPS), con lo cual se garantizaría sus prestaciones económicas y sociales.

“Durante los últimos años, la justicia colombiana, y en especial las altas cortes, mediante diversos fallos, ha desenmascarado el engaño de las OPS o contratos de prestación de servicios personales contra el trabajador, violando preceptos constitucionales y legales que protegen el derecho al trabajo digno, estable, con prestaciones económicas y sociales”, explicó Ortiz en diálogo con El Espectador, en mayo de 2020.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), durante la época de pandemia por Covid-19, hasta el 22 de diciembre de 2020, 107 profesionales de la salud han muerto a causa del coronavirus. Además, la institución reporta que alrededor de 22 mil se han contagiado con la enfermedad. De acuerdo con la investigación, la gran mayoría son auxiliares de enfermería, con 7.171 casos reportados y, luego le sigue el personal de medicina con 3.076 expedientes.