El Ministerio Público solicitó que se declaren acordes a la Carta Política del 91 las normas que disponen el cobro del Impuesto al Valor Agregado en las leches denominadas de "crecimiento", por considerar que ello no afecta los derechos fundamentales de los niños de 12 a 36 años de edad.
Para la Procuraduría, la Corte debe ratificar la validez de los artículos 420 y 477 del Estatuto Tributario, cuya constitucionalidad fue demandada recientemente. Tales normas reglamentan el gravamen al lácteo "de fórmula" y no tiene en cuenta "los productos maternizados o humanizados, así como las leches y natas (crema) con o sin concentrar, y con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes".
El organismo de control desestima que se esté vulnerando el derecho al mínimo vital de los pequeños que tengan edades dentro de esos rangos y tampoco considera que se esté imponiendo una carga excesiva para las personas que carezcan de cierto poder adquisitivo.
La Procuraduría destacó la posición expresada por la Organización Mundial de la Salud en este sentido, que advierte que ese tipo de leche es indispensable únicamente como complemento o suplemento de la leche materna durante los 12 primeros meses de vida del menor, concepto en el que se habría fundado el legislativo para aprobar los artículos, según lo anunció el organismo de control.
Adicionalmente, indicó que las personas con bajos ingresos no están siendo sometidos a cobros excesivos, por considerar que quienes demandan este producto son consumidores con capacidad adquisitiva suficiente para aportar a las arcas del Estado.
"Con el IVA sobre las leches de crecimiento no se excede la carga tributaria a personas con baja capacidad contributiva, porque los consumidores son principalmente familias con capacidad de pago que, por razones de equidad y solidaridad social, tiene el deber de contribuir al financiamiento de las inversiones y gastos públicos", puntualizó el organismo de control.
Por El Espectador
